LAS PERSPECTIVAS ELECTORALES PARA EL 2010

Notas para una conversación.
Moritz Akerman
Nov. 2007

El país vive un periodo de reagrupamiento político. Transita desde los viejos partidos clientelistas hacia agrupaciones que, en su mayoría, aun no están definidas, ni ideológica, ni políticamente, siendo la incertidumbre la característica de la política en este periodo.

Este proceso de reagrupamiento partidista tiene su base en la Constitución del 91, y más atrás, en la perdida de las fronteras ideológicas y políticas durante el Frente Nacional, pero su factor acelerante ha sido el Gobierno del Presidente Uribe. Independientemente de cómo se le califique, su accionar alejado de los acuerdos, su tendencia a la exclusión de otras fuerzas, su carácter caudillista y su crítica, honrada o no, a la politiquería ha ayudado al resquebrajamiento del bipartidismo tradicional, proceso que se aceleró con la reelección.

Después de la reelección, se plantean definiciones más significativas, tanto en términos de plazos -en adelante los gobiernos se propondrán programas tendientes a 8 años- como en sus contenidos. Queremos destacar algunos aspectos de contenido que pueden centrar el debate del 2010.
La controversia política y electoral tendrá obviamente como primer interrogante la reelección por segunda vez. Habrá que resolver si nuestra democracia seguirá ‘pagando regalías’ a los personalismos o si es una democracia con vigencia de la Ley, esto es de la Constitución, donde los hombres agencian la determinación de las instituciones. Preguntemos lo mismo de otra manera, obtendrá nuestra democracia su mayoría de edad al hacer del ejercicio de poder un asunto de partidos o continuará por el camino del ejercicio de las personalidades.

El punto decisivo en la discusión deberá ser si nuestra Constitución es marco para el ejercicio del poder del gobernante o un instrumento del gobernante, para que modificada a su medida, le dé el afianzamiento y mantenimiento de su poder, aunque ponga en cuestión la esencia de la democracia: la alternancia.

El carácter democrático de un gobierno no está dado únicamente por el hecho de ser gobierno de las mayorías; en la contemporaneidad, el carácter democrático de un gobierno viene dado, esencialmente, por el desarrollo institucional y por las garantías que éste ofrezca a la oposición para el ejercicio de su crítica y para la opción de convertirse realmente en gobierno. Es el gran cuestionamiento en la discusión de la segunda reelección del Presidente Uribe.

Otro gran punto de la controversia para el 2010 será el tema de la violencia y la política: la necesaria definición y exclusión sobre la combinación de formas de lucha que ha permitido ejercer la violencia dentro de la acción democrática en el desarrollo del proselitismo político. En Colombia esta definición es de contenido transformativo de la cultura política, con un significado real y humano. La historia colombiana del último siglo está atravesada por la tendencia de todas las fuerzas políticas a utilizar la violencia, manteniendo al tiempo acciones y representación legal para la acumulación económica y de poder político. Con seguridad la resolución de esta discusión establecerá nuevos reagrupamientos políticos y nuevas reglas legales para el ejercicio de los partidos.

Las elecciones de 2010 podrían convertirse en el punto de quiebre de esta práctica: El desafío es asegurar un voto limpio y una democracia cívica para que la ciudadanía supere definitivamente los aparatos de coerción individual y social, por medio de los cuales se consolida el dominio económico y político regional y una importante cuota de poder nacional.

Pero si se continúa con la práctica de descalificar las fuerzas políticas por ser de oposición al Gobierno con aseveraciones amenazantes como las de ‘terroristas de civil’, si la oposición sólo califica al Gobierno como régimen autoritario y peor aun de ‘narco paramilitar’, el sectarismo político nos impedirá hacer el necesario frente común de la democracia para la exclusión de los violentos. Un pacto o Acuerdo Nacional por la condena y proscripción de la violencia en la política seria un camino más seguro y eficaz y sin duda, de mayor participación democrática, para la superación de esta recurrencia histórica de la violencia en la vida colombiana. Ayudaría a que la respuesta social y gubernamental a la violencia sea no sólo la aplicación de la autoridad.

Concomitante con la exclusión de la violencia de la vida nacional se plantea otra gran discusión y definición sobre el camino óptimo para lograrlo. ¿Queda espacio y oportunidad para la salida política negociada del conflicto interno que arrastramos por cerca de 60 años? Si se llegara a construir una definición para la proscripción total de la violencia en la vida nacional ¿se podrá construir esta proscripción en acuerdo negociado con los actores armados, para lograr su desmovilización, desarme y un proceso de ampliación democrática, o será un acuerdo de la sociedad y sus instituciones para imponer una “terminación del conflicto” por el camino del ejercicio de la autoridad, hasta el marginamiento de los violentos? Las respuestas a estos interrogantes quedan abiertas por la indefinición de la guerrilla, no por la ausencia de oferta estatal y social.

Porque en la respuesta a estas preguntas, se impone tener en cuenta que el carácter supérstite de la violencia en la política se ha transformado, cada vez más, en una actividad para la acumulación económica, donde la discusión y definición de la sociedad y sus partidos puede resultarles inane o ingenua a esos actores que han ido reduciendo su propósito fundamental al poder regional como territorialidad para la reproducción ampliada de su economía de la violencia. A esos actores les tendría sin cuidado cualquier definición social sobre cultura política. Si primara esta tendencia, solamente quedaría espacio y pertinencia al ejercicio de la autoridad legal, ejercicio de coerción que un pacto de exclusión de la violencia en la política elevaría en eficacia, mermándole toda relevancia a la agenda que nos imponen los violentos y particularmente la guerrilla.

El gobierno que surja de un pacto nacional de exclusión de todo tipo de violencia en la política no debería seguir colocando la agenda de desarrollo del país en función de la guerrilla, por conmocionante que sea: la violencia guerrillera es ya marginal al proceso real del desarrollo nacional.Otro punto de contenido de la controversia nacional para la reagrupación partidista es el planteado por el carácter de la época: la internacionalización inexorable de la vida y en especial de la economía que se condensa hoy alrededor del TLC. Este tratado resume, en gran medida, la inserción del país nacional en la economía internacional. El periodo restante de este gobierno será determinado por la decisión nacional frente a las corrientes económicas contemporáneas e inexorables de integración al mercado global. La discusión no puede esconder la resistencia a lo inexorable, sólo puede buscar un mejor acomodo del país en la globalidad.

Quisiera destacar una paradoja de la controversia alrededor del TLC. Esta discusión de orden básicamente económico-social ha creado la mejor oportunidad para elevar el cumplimiento de la agenda de los derechos humanos. Los enemigos del TLC -porque internacionaliza la economía- en cambio, sí han visto y usado las bondades de la internacionalización de la vida política. Es la discusión del TLC la que ha permitido llevar adelante una de las mejores discusiones políticas: el papel de los derechos humanos en el desarrollo de la democracia contemporánea. La aprobación del tratado en el Congreso norteamericano ha abierto la discusión y la exigencia sobre el cumplimiento de la agenda de los derechos humanos en Colombia y del inaplazable consenso cultural para su relevancia y aplicación.

La mundialización de la vida de los pueblos ha internacionalizado la economía, la política y también el involucramiento de instituciones privadas que definen mucho de la suerte de los países. En este punto, parecería necesario tener en cuenta que por los cambios de gobierno en países vecinos, algunas agencias calificadoras han elevado su calificación de ‘riesgo-país’, dado que los consideran extremistas o populistas, y por tanto, altamente inestables.

Si al tiempo que se experimentan esos cambios en el vecindario, se logra una solución negociada del conflicto o la marginalización total de la violencia, se abrirían, como en efecto parece que se están abriendo, ventajas comparativas para Colombia dentro de la Región Andina, como el país que más puede captar inversión extranjera directa, IED, frente a una cada vez menor IED en América Latina.

La definición de una posición realista en este terreno, nos permitiría aprovechar esa oportunidad de IED que tendría efectos sobre el crecimiento del empleo y la disminución de la informalidad, informalidad en la que hoy se produce casi la mitad de los bienes y servicios de la economía, y que ha sido factor para la liquidación de la estabilidad de las organizaciones sindicales y los derechos laborales, junto a la persecución y muerte de muchos líderes sindicales. Pero unas condiciones favorables para la IED no dependen solamente de la seguridad jurídica y un clima cultural y económico favorable frente a la globalización. Se requiere seguridad en general.

De aquí se desprende otro tema de la

controversia política hacia el 2010: ¿cómo preservar los logros de seguridad obtenidos durante este gobierno que se traducen en una real disminución del homicidio, del secuestro, de la desaparición forzada y del homicidio político en particular? ¿Cómo preservar la confianza social y empresarial para el desarrollo democrático y económico? ¿Cómo contribuir a la disminución del desplazamiento, que ya se ha rebajado a la mitad?

De los partidos diferentes a la coalición de Gobierno, sólo el liberalismo ha expresado la importancia de preservar estos logros. El Polo ni siquiera ha dicho si en verdad le importan estos logros. Ninguno de los dos partidos precisa cómo preservarlos. Más bien, hacen énfasis en lo que falta por alcanzar en el ejercicio de los derechos humanos, que en lo alcanzado en seguridad hasta ahora. Pero, digámoslo sin ambages, lo ya alcanzado exige ser preservado para seguir desarrollando un proceso de consolidación democrática. La oposición más parece interesada en la descalificación del Presidente Uribe, que en la consolidación de la seguridad ciudadana, componente esencial de la democracia.

La oposición se esfuerza más en ligar al Presidente a los paramilitares y al narcotráfico, que en la esencial conquista para todos de la seguridad. Y este ‘todos’ comienza en los barrios populares de las grandes ciudades donde la seguridad es igual a la libertad. La seguridad es libertad frente a los poderes fácticos de las mafias y los diferentes grupos armados, que construyen, desde allí, su pirámide de poder y tributación, a través de la exacción de sus exangües ingresos en un sistema tributario paralelo de las bandas en los barrios.

Por eso, los sectores populares brindan tanto apoyo al gobierno del Presidente Uribe, aunque este gobierno tenga un énfasis en beneficio del gran capital y una actitud excluyente en la política. Ven en la crítica de la oposición al presidente Uribe más un asunto de mezquindad, que el interés de profundizar la democracia. Más un juego de vanidades y personalismos que de afianzamiento institucional. Así las cosas, ven a la oposición contribuyendo igualmente a la polarización y al debilitamiento institucional.

Y éste es tal vez un punto crucial de la controversia del 2010. ¿Seremos capaces los colombianos de preservar los desarrollos institucionales tanto estatales como sociales? Esa capacidad será medida en función de si se plantea la reelección por segunda vez del Presidente Uribe. Dónde queda el carácter dinámico de la sociedad y por tanto el respeto por la alternancia. Cómo se va a mantener la imprescindible independencia de los poderes, tanto el judicial como el de manejo económico -la independencia de la Junta del Banco de la República-. Cómo se resolverá la deslegitimación del Congreso por la parapolítica, ¿obligaría su revocatoria? Cómo hacer, aun con la incapacidad de la oposición toda, para elaborar una política de preservación de la seguridad ya alcanzada, sin que esto resulte en ‘eternización’ de un grupo de poder y por tanto, en la negación de su carácter democrático y de desarrollo por el camino de la seguridad humana.

Parece que otro factor decisivo de la controversia para la reagrupación política tendrá que ver con la distribución del ingreso que se realiza a través del presupuesto nacional en su distribución en las regiones y en los municipios. La reforma de las trasferencias -ya sea a través del referendo o en las propias elecciones del 2010- marcará el límite y el debate entre la racionalidad y el saneamiento de las finanzas públicas del Gobierno Central, frente al necesario desarrollo regional. Este límite es difícil de establecer actualmente y lo que sí parece seguro es que el tema demandará ser parte de un acuerdo nacional.

Mucho más, cuando el déficit fiscal –y ni qué decir del déficit comercial- está escondido dentro del nivel del crecimiento económico extraordinario del momento, la devaluación del dólar y la abundancia de liquidez internacional. Este déficit fiscal ha de ser enjugado, sin escamotear la demanda del desarrollo regional y social, demandas que deben hacer del crecimiento, no solamente un beneficio exclusivo del capital y los empresarios, sino un camino para la reconstrucción de la nación y la superación del conflicto, que tiene su expresión principal en lo local y regional.
Veamos otro tema de definición de este reagrupamiento político, hacia el 2010, que podríamos enunciarlo así: Este gobierno -enfrentando con una opción neoconservadora y por tanto cargada de fundamentalismo religioso, a otras instancias del Estado, especialmente a las Cortes- deja inscrito para las definiciones políticas que se confrontarán allá el tema de la libertad individual y el desarrollo de la personalidad. Muy particularmente en cuanto a los derechos civiles y sexuales de las mujeres, con temas tan sensibles para la libertad como el aborto y los derechos civiles de la mujer, que nos permitan abolir la discriminación. Igual pasa con los derechos de la población LGTB. Este gran tema nos dirá si podemos o no seguir construyendo el carácter laico, republicano de nuestra constitución y de nuestra democracia política y social.

Terminemos esta presentación de algún ideario para la controversia política actual, señalando que en la Colombia actual hay más economía, sociedad y política que partidos o tendencias ideológicas que permitan prever por donde va ir el país. Resaltemos el vació programático que existe en torno al carácter confiscatorio de los intereses en los créditos hipotecarios, que demanda de los partidos políticos el que recojan el alto grado de inconformidad de sectores medios citadinos. Los partidos políticos colombianos arrastran todavía su origen agrario y no saben cómo plantearse los desafíos de la economía contemporánea, particularmente los efectos rentísticos del insustituible sistema financiero.
El carácter insustituible del sistema financiero, parece demandar una legislación reguladora -al tiempo que estimulante- pues este sistema impacta fuertemente los sectores medios en uno de sus mayores anhelos: la vivienda propia. Parecería que allí hay una oportunidad para volver urbanos los partidos, sobre todo al Partido Liberal y a la izquierda colombiana, que dicen representar como nadie a los sectores populares: en la Colombia de hoy, los ciudadanos viven en un 70% en las grandes ciudades y 15% más en otros centros urbanos. Paradójicamente, en el aspecto de la relación del sistema financiero con la ciudadanía, la Corte Constitucional ha sido más expresión legislativa y representativa de esos intereses ciudadanos que el Congreso y los partidos políticos.
Es esta realidad de que en la Colombia actual hay más economía, sociedad y política que partidos que la representen, la que acentúa la incertidumbre, que siendo característica contemporánea, aquí se multiplica. La ausencia de correas de transmisión de la sociedad con el Estado hace que la incertidumbre no tenga canales de transformación. Y en cualquier país el temor frente a la incertidumbre tiende a repetir lo existente y lo existente tiende a congelar los desafíos del desarrollo.

En esos panoramas inciertos

siempre es conveniente una mirada del ‘futuro hacia acá’ que ayude a optar por las mejores decisiones en el presente. Claro, es como intentar fotografiar la volatilidad de un gas, pero ese es el desafió del análisis. Se notan varias tendencias que van a pugnar decisivamente en el 2010.

La primera tendencia podría ser la que determine el destino de un nuevo grupo de líderes regionales con proyección nacional, que mostraron ya una experiencia de nueva gobernabilidad, sustentada en la opinión ciudadana directa, más que en los acuerdos de los partidos. Son líderes más de gobierno, que lideres partidistas. Es como si esta época hubiese estado marcada, también en esto, por personalidades con capacidad más de ser candidatos desde el gobierno, que por partidos con capacidad de gobernar, como si hubiesen gobernado más con miras a la próxima campaña electoral que en el ejercicio del gobierno: el país, todo, atraviesa un periodo que podría ser definido así: ‘vivimos en campaña’.

Lideres que si bien tienen opinión no pudieron o no quisieron construir partidos o movimientos y por tanto, no tendrán continuidad en sus quehaceres o poderes regionales, y que no encuentran el camino para proyectarse nacionalmente. No saben si hacerlo a través de los partidos que les dieron origen o si optar por un movimiento que los aglutine. Sin embargo, van a verter su prestigio en la competencia política nacional y en la búsqueda de un espacio que les dé expresión o capacidad de negociación en el 2010. Por su experiencia alternativa tienden a ser de centro izquierda. El desafío o su suerte está en ver si las regiones van a tener o no un mayor nivel de determinación o el nivel de los desafíos nacionales concentrará la atención en los partidos que se están definiendo.
¿Una reforma política verdadera?

Y ahí aparece la segunda tendencia. Las fuerzas políticas se empiezan a definir tras la última reforma política que simplificó el número de partidos, impulsando la concentración de los partidos y en algo también, aunque tardíamente, su definición ideológica. Sin duda la simplificación partidista ha sido más cuantitativa que cualitativa: se pasó de más de medio centenar de partidos a un número algo mayor a diez inscritos legalmente. Pero justamente, el debate planteado en la actualidad tiende a transformar este panorama en 4 ó 5 partidos nacionales ideológicamente más definidos, en tanto los intereses económicos y el carácter de la democracia social que buscan y por el que se compite en la política.

Punto especial de definición en el impulso de una política de fortalecimiento de los partidos es el que tiene que ver con el voto preferente: Su imposición en la pasada reforma política fue producto de los caciques clientelistas, particularmente del actual Ministro del Interior, Holguín Sardi, que en vez de pugnar por un régimen interno de los partidos, para la escogencia democrática de los lideres y de los candidatos a parlamentarios, incubaron un procedimiento, tal vez, peor que las candidaturas de garaje. Su superación está en una verdadera reforma política que, entre otras cosas, nos dé justamente la legislación que intervenga la democratización de los partidos.


Los partidos actuales
Veamos así un bosquejo de la reagrupación hasta hoy existente: una reagrupación del centro derecha en torno al Uribismo, que aun no ha librado la definición de sus límites ideo-políticos. En ésta internamente compiten -desde su origen y aun sin una definición de quién vencerá-, el componente clientelar de políticos que se guían por la “sabiduría” popular de “quién a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija”, hasta una clara posición neoconservadora. Es de repetir que el partido de la U, que se presenta como portaestandarte de la seguridad democrática, parece no haber definido su deslinde de la violencia de los actores ultraderechistas y mafiosos. Y este no es un argumento oposicionista, sino la percepción en que se basa la exigencia internacional de cumplimiento real de la agenda de los derechos humanos.

Hay otra agrupación que compite por el centro. Es la que se perfila en el esfuerzo de transformación del viejo liberalismo clientelar en un liberalismo ideológico, político y organizativo. Su suerte es incierta, en tanto el desprestigio por la corrupción y su poca capacidad actual de captación de poder regional. Pero tiene líderes nacionales indiscutibles que jugarían en el 2010, sobre la base de que en Colombia hay más liberalismo pre-ideológico y tradicional, que partido liberal.

Sobre el partido conservador no se sabe si en efecto intentará medirse con un candidato propio después de haber medrado del árbol pastranista y luego de su contrario, el uribista, o si seguirá dentro de la coalición uribista, esto es, como un apéndice del partido de la U: su desafío está en que sobrevivan como fuerza con organización propia.

Hay también una formación partidista en que se agrupa la izquierda democrática, el Polo democrático Alternativo. Valga señalar que, por el énfasis ideologista que históricamente maneja la izquierda, es el partido que más énfasis ha puesto a la definición de sus límites ideo-políticos. Pero por sus canteras de conformación y persistencia, en algunos, del viejo concepto estalinista del ‘aparatismo’ –el aparato, el partido, es más importante que la política- hace que la discusión que se libra en torno a algunos aspectos de este ideario, no se traduzca en su fortalecimiento, sino en la amenaza de un cisma permanente.

Así y de allí, que la opinión reciba un sabor de que en el Polo hay más búsqueda para corroborar el esquema de pensamiento de cada líder –con lo que se pretende corroborar la preeminencia sobre los demás- que un ejercicio de transformación de la sociedad y de su manera de pensarse. Su discusión es más hacia adentro que dentro de la sociedad.

Posiblemente el error que origina esta situación es la pretensión de crear un partido único de la izquierda –el partido único es otro paradigma estalinista- y no un movimiento o una red de movimientos que con los diferentes matices ideológicos, se propongan construir poderes populares de nueva gobernabilidad regional y basados en ellas, gobernabilidad nacional. Pero digamos que si en el Polo hay ideologistas, también allí pugnan políticos de izquierda realista, que por su carácter nacional y sus relaciones internacionales, jugarán un gran papel en la competencia del 2010.

Por último, no completaríamos un cuadro adecuado de estos reagrupamientos políticos sin referirnos al surgimiento de una tendencia que consolida o transforma distintos poderes regionales, articulados a diferentes factores de corrupción y violencia. Tal es el caso de 1°-La usurpación de las transferencias y de los presupuestos regionales, convertidos en cuotas de reproducción de organizaciones ilegales del viejo paramilitarismo, que se ha ido transformando de organización armada a organización político-militar. 2°- Organizaciones que combinan lo legal y lo ilegal, y se soportan especialmente en las expresiones y dineros del narcotráfico, y con esta actividad económica logran la articulación nacional y un matiz “programático”. 3°- Expresan un tinte de ultra nacionalismo populista, que coquetea o trata de captar a las propias guerrillas, dado el enfrentamiento con Estados Unidos, su crítica a la extradición y su confrontación a la agenda internacional de los derechos humanos y a la justicia internacional. Pero es prematuro afirmar que vayan a ir como fuerza partidista con identidad propia o si seguirán practicando el “entrismo” en los partidos que les han sido afines.

Ahora bien, pensar que la suerte del 2010 está marcada únicamente por el devenir de los líderes o reagrupaciones políticas nacionales es insuficiente, dado el creciente involucramiento de los factores internacionales. Señalemos algunos que parece puedan ser incidentes:

II.- Un bosquejo internacional para el 2010

1 El país se ha mundializado y con ello, en parte, su destino. Durante los gobiernos del presidente Pastrana y del presidente Uribe ha crecido sensiblemente el comercio con Estados Unidos y en general con el mundo. Las exportaciones de 1999 al 2006 pasaron de 6000 millones de a 24600 millones de Dólares, no obstante que la economía colombiana sigue siendo muy cerrada en comparación con otras como México, Centroamérica y Chile. Un cambio en la demanda internacional podría significar un fuerte impacto en nuestra economía.

2 La crisis hipotecaria de los créditos ‘subprime’ se podría extender al conjunto de la economía norteamericana. Si así fuere, podrían reforzarse las tendencias proteccionistas y el flujo de capitales ir a los bonos del tesoro. Frente a esta eventualidad la intervención de la FED podría disminuir las tasas de interés de la economía americana, lo que vendría acompañado de la devaluación del dólar, como vemos en los actuales momentos. Esto siempre que se mantengan controladas las presiones inflacionarias. De mantenerse esta tendencia y esa intervención de la FED, disminuirá aquí el monto de la deuda externa. Tendería a bajar la tasa de interés del Banco de la República para disminuir la llegada de “capitales golondrinas” que aumentan la revaluación del Peso y podría aumentar el crecimiento económico y con ello la inflación. Se favorecería el actual Gobierno.

3 Pero de darse el escenario de la recesión generada por la crisis hipotecaria en EEUU al tiempo que un aumento inflacionario, podría combinar un alza de la tasa de interés por la FED, con la devaluación del dólar para estimular la disminución del déficit comercial d la balanza americana. Los efectos sobre el desempleo en Colombia, particularmente sobre el sector agroindustrial, serían evidentes, y una cosa serían las elecciones del 2010 en medio de un crecimiento sostenido, por la demanda externa internacional como hasta ahora, y otra con una demanda deprimida del primer socio comercial, que puede tener efectos negativos sobre el empleo y la estabilidad laboral.

4 Es bien cierto que el comercio con Venezuela viene creciendo en esta época. Las exportaciones a Venezuela se acercan a la mitad en valor de las exportaciones a Estados Unidos, además de que la balanza comercial con Estos Unidos es negativa y con Venezuela es altamente positiva. Si no tuviésemos en cuenta las exportaciones de petróleo y carbón a EEUU, es decir, sólo las industriales de alto valor agregado y de empleo más calificado, las exportaciones a Venezuela van siendo iguales a las de Estados Unidos. Si una recesión se da en Estados Unidos podría favorecer el comercio con Venezuela y crecería su influencia económica y política en Colombia. El manejo de las relaciones políticas y diplomáticas con Venezuela –a la par de las relaciones con EEUU- se va convirtiendo en uno de los indicadores de la condición de estadista de los mandatarios colombianos. Y los últimos acontecimientos –que no son motivo de análisis de estas notas- no dejan buenas razones para la confianza.

Escribimos estas notas el mismo día de los pronunciamientos pugnases entre el Presidente Uribe y el Presidente Chávez. Cuál más exagerado e irresponsable. Si nos vamos por el camino de los epítetos nacionalistas y las descalificaciones de la persona de los dos Presidentes, toda discusión sobre el futuro quedará sepultada bajo la montaña de perros muertos del nacionalismo. Ni Chávez puede pretender fortalecer su política interna en los sentimientos primarios antecolombianos, sin pasar a la Historia como un chovinista, ni el Presidente Uribe puede montar impunemente su segunda reelección sobre el temor de los colombianos al falso binomio del expansionismo chavista unido al terrorismo guerrillero. Eso es tan falso como la acusación, que ya vemos venir, del binomio anti venezolano de EEUU unido al Gobierno paramilitar de Uribe. Pero los acontecimientos hoy se atropellan y los análisis en caliente pueden resultar no atinados. Dejemos allí por hoy.

5 Este mismo factor podría mover a la mayoría del partido demócrata de EU a una posición menos exigente en términos de derechos humanos para dar curso a la aprobación del TLC, puesto que hay que pensar cuál será la tendencia resultante en la nueva administración de EEUU, que se podría mover entre el proteccionismo generado por la posible recesión económica o los intereses regionales geopolíticos de EEUU “amenazados” por Chávez y esa ’nueva’ izquierda latinoamericana.

6 La mayoría demócrata en el congreso y su posible triunfo en las elecciones presidenciales, es otro de los factores fuertemente influyentes en el escenario del 2010. Tendencialmente este posible triunfo beneficiará a todos los demócratas latinoamericanos, pues así se superará una de las peores y más guerreristas administraciones norteamericanas en muchos años: la del grupo neoconservador que representa a los que el Presidente norteamericano Eisenhower, llamara los halcones del complejo militar industrial y petrolero de los Estados Unidos.

ero es bueno comenzar a aterrizar las esperanzas, a establecer los límites, del triunfo demócrata, límites en que se moverá Barack Obama, dadas las complejidades para preconcebir su efecto definitivo, en donde juegan tendencias contradictorias que generan incertidumbre en los factores internacionales: una cosa seria el Partido Demócrata norteamericano administrando una crisis económica y militar heredada de esta administración y otra, si reciben una economía en expansión y una situación en Irak resuelta.

Por todo lo anterior, a estas alturas lo único que nos es permitido aseverar concluyentemente es que las incertidumbres internacionales se suman a las incertidumbres de carácter nacional ya anotadas. Y repetimos, en cualquier país,…El temor frente a la incertidumbre tiende a repetir lo existente y lo existente tiende a congelar los desafíos del desarrollo.


III.- La coyuntura actual y su influencia en el 2010

El momento político actual está marcado por un resultado de las elecciones de Alcaldes y Gobernadores, que podrían ser leidas como expresión de la ‘sabiduría popular’, si la sabiduría popular existiese: el resultado electoral no consolida ningún hegemonismo partidista, en un momento de gran sectarismo en la política nacional.

Se abrieron nuevas ventanas de oportunidad política en función de los verdaderos intereses ciudadanos y no de extremismos sectarios y menos guerreristas. Todas las fuerzas que pregonan la exclusión del otro, y aun su exterminación, resultaron castigadas por el favor popular.

Fue manifiesto el rechazo, primero, al extremismo guerrillero contra las elecciones, que no amilanó la participación ciudadana; segundo, el rechazo y el comienzo de la pérdida de poder de los paramilitares en el norte del país; y tercero, también el rechazo a las posiciones excluyentes y hegemonistas del presidente Uribe en la descalificación del candidato del Polo a la Alcaldía de Bogotá. Se pretendió poner en la opinión el prejuicio de que ser de oposición es ser violento o guerrillero, pretensión del Presidente que no tuvo el repudio que debía haber tenido, sino más bien, el silencio cómplice de los medios y de los demás políticos no polistas. Los medios funcionaron no como el cuarto poder de una democracia, sino como la caja de resonancia del poder, del ‘oficialismo’.

En la respuesta presidencial a la consolidación del Polo como fuerza por ahora dominante en Bogotá, el Presidente Uribe ha dejado saber que si no se establece una unidad de la coalición uribista que asegure la continuidad y consolidación neoconservadora del régimen político, vendría una hecatombe. Según este argumento se vería obligado a correr nuevamente por la Presidencia, y se impondría, entonces, una nueva reforma constitucional que se lo permitiese.

El escenario así descrito, por los áulicos del Uribismo, nos recuerda, no sabemos si al rey de Francia Luis XIV, cuando dijo que “el Estado soy yo” o a su seguidor el rey Luis XV cuando afirmaba “tras de mí, el diluvio”. En todo caso eso suena poco republicano y muy dinástico.

Y afirmamos eso porque, si un político que se reclama de la democracia, nos dice que si no triunfa su partido es una hecatombe, y exige la reforma de la Constitución, es un político con un sentido dinástico, no republicano de la democracia. Niega la primera y esencial regla de ella: la alternancia y el respeto a ese principio, siempre que el triunfo sea obtenido por las vías electorales establecidas. No se entiende por qué no hay en el país un mayor rechazo a esa concepción. O si se entiende: muestra el precario nivel de nuestra cultura política.

De mantenerse esa posición por el ‘oficialismo’ uribista, la polarización del país iría en aumento, más cuando las guerrillas encontrarían argumentos falaces para seguir agrediendo la sociedad con su violencia. Viviríamos una mutua validación entre los extremos: las Farc han validado con su terror y violencia la elección consecutiva del Presidente Uribe, y la ‘eternización’ de Uribe sería ahora el “argumento” para su persistencia en la violencia guerrillera, dadas las limitaciones de la democracia. La formula de la “hecatombe” es la fórmula de la de la división del país y de la continuidad del conflicto.

La polarización nos exige salidas. No solamente críticas al aserto presidencial y del grupo uribista más ‘oficialista’. Nos demanda formulas positivas que nos permitan preservar las reglas del juego democrático y en particular el espíritu la Constitución del 91, como también formulas positivas para la necesaria superación de la polarización.

Esas formulas para ser realistas y recoger el clamor ciudadano deben pasar por reconocer los avances en seguridad y confianza ciudadana y empresarial que ha conseguido este Gobierno y que constituyen logros democráticos y humanos incuestionables. La seguridad no es una herramienta de las derechas, es un activo de la democracia. Es por eso que cualquier partido que hoy reclame el favor ciudadano, debe elaborar una posición ético-política y operativa de la seguridad, para inscribirse eficazmente en la política contemporánea.
una propuesta de Consenso Nacional que establezca un Acuerdo Fundamental y sirva para que cualquiera que sea el gobierno resultante o el partido o coalición de partidos vencedores en las elecciones del 2010, asegure a los colombianos un conjunto de propósitos de unidad nacional que supere definitivamente la violencia y nos inscriba en el camino del desarrollo nacional y en la agenda internacional de desarrollo económico y de cumplimiento de los derechos humanos.

La exigencia es construir un terreno que sí respete el principio de la alternancia democrática y asegure los objetivos fundamentales de paz, convivencia y reconciliación. Un consenso por un gobierno para la superación de la guerra, la inequidad, la corrupción y el narcotráfico, para la superación de la agenda que nos imponen los alzados en armas y para la superación de la exclusión política y social. Nos parece que algunas ideas como estas podrían considerarse:

4.1-Proponer un Consenso Fundamental para un Gobierno hacia el Posconflicto, cualquiera que sea el partido o grupo ganador.

4.2-Precisar y preservar los logros de carácter general o nacional de la seguridad que se han alcanzado y que harían parte del Gobierno hacia el Posconflicto.

4.3-Acuerdo ético, jurídico y operativo de todos los partidos que excluya la violencia y su combinación con el ejercicio democrático, que haga perder a los partidos los votos, la curul y la representación de sus integrantes que violen este acuerdo, y que relieve la alternancia política como esencial a la democracia.

4.4-El reconocimiento de la salida política, con preeminencia de la legitimidad del Estado y nuestra democracia, como la mejor opción para la superación de la violencia de origen político, pero siempre que haya hechos concretos de paz de las organizaciones armadas que ameriten transitarla.
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4.5-Acuerdo sobre la reparación y la justicia de transición que reivindique realmente a las víctimas, a los desplazados, y asegure la vigencia de los derechos humanos y de la equidad y cohesión social. Por su carácter de ‘Acuerdo Nacional con compresión y apoyo internacional’, ha de permitir la soberanía necesaria para transitar al posconflicto y a la no-repetición.

4.6- Acuerdo con los gobiernos y la comunidad internacional que haga que la ayuda para la superación del narcotráfico sea efectiva, toda vez que esté en función de la disminución de la inequidad y la exclusión social y cultural.

Estas son ideas para un Consenso Fundamental. ¡El resto es la competencia democrática por el signo del poder!