Moritz Akerman
Diciembre 2007
Estos papeles tratan de establecer lo que podría ser un ‘ideario político’ o inventario de anhelos, para que el debate electoral del 2010 resulte un ejercicio de democracia real y participativa, que modifique efectivamente la vida de nosotros los ciudadanos y no sea solamente la competencia de personalidades, por significativas que ellas se presenten. Hay un tema, el del narcotráfico, que apenas si hemos tocado en el análisis que venimos haciendo, pero que consideramos debería estar incluido en el Acuerdo Fundamental de un ‘Gobierno Hacia el Posconflicto’.
No se abordó porque siendo como es, esencial para las definiciones políticas en Colombia, la verdad, no hay la claridad de cómo se podría empezar a resolverlo. Después de 20 años de ‘guerra al narcotráfico’ el resultado es un narcotráfico más extendido y la pregunta sigue siendo, ¿de qué forma lograr su superación real? Parece que nadie tiene positivas para lograrlo, entonces al menos, debemos decir lo que parece que tampoco es solución: se quisiera pasar de una ´guerra al narcotráfico’ sin victorias reales, a su legalización, sin especificar qué significa ‘legalizarlo’. Intentaremos mostrar en estas notas como es de aparente esta ‘solución’.
En escritos anteriores, aparecidos en el periódico El Colombiano (Agosto y Septiembre, de 2002) trataba de construir una definición ética y política sobre este tema. Puse, en ese entonces, en cuestión la formula de la legalización que sigo calificando de superficial o facilista, por su falta de realismo, en tanto no tiene forma real práctica, ni asidero político y menos cultural, en las formas de conciencia social de la época. En ese entonces, intentamos la exégesis de la legalización del narcotráfico y creemos que, en algo, desentrañábamos los múltiples desafíos que esa fórmula tiene. La legalización generalmente se presenta más como consigna que como programa real, se presenta con “inocencia”, por no decir ignorancia de las complejidades del tema.
De antemano es necesario distinguir la opción de legalizar el narcotráfico de la despenalización de la dosis personal, que es un asunto de la libre personalidad y tema de otra problemática, despenalización con la que siempre hemos estado de acuerdo.
La posición de la legalización tiene su sustrato ideológico en que el narcotráfico es negocio porque está prohibido. Si cesa la prohibición cesa el negocio. Si generalizamos este criterio se podría decir: la acumulación económica y de poder que los delitos producen, se resuelve por el camino de legalizar ese delito. Ese planteamiento puede llevarnos -en sana “lógica”- a que renunciemos al Código Penal, pues en verdad, toda prohibición legal abre una oportunidad para un negocio ilícito.
Resumiendo, en aquel entonces como ahora, planteamos que es ingenuo pensar que para quitarle a la mafia las oportunidades, tenemos que tomar el camino de legalizar la producción, el tráfico, el contrabando y la distribución y mercadeo de la droga, sin una precisión de lo que significa cada uno de estos pasos. Más aun si se legalizara la droga la mafia ‘emigraría’ a otra actividad, como en efecto ha emigrado, lo que veremos más adelante sin que se mejoren las condiciones de paz o seguridad.
Más allá de la imposibilidad práctica o histórica que hoy significaría la legalización, el desafío conceptual de esta propuesta radica en renunciar a la construcción de ética y civilización, esto es, al establecimiento de límites que la humanidad ha construido hasta ahora. Toda civilización representa un límite o represión de las conductas que afectan la vida en sociedad, que no la vida individual. Allí estriba la diferencia entre despenalizar el consumo individual y no legalizar o eliminar la represión del narcotráfico. Pero hasta aquí estamos en lo teórico y no hemos asumido el significado práctico de la legalización.
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En El Colombiano señalábamos que el tema del tráfico de drogas no tenía su origen en la mercancía de la droga, sino en el “ventajismo” económico y de poder que el uso de la violencia daba para ejercer un tráfico y por tanto, una acumulación ilícita. Señalábamos que invertir la determinación de la relación, era darle a las drogas ilícitas el poder de generar las mafias. Es un típico caso de fetichizar las mercancías, en este caso, las drogas. Esta fetichización puede hacerse, o bien, porque se cree que es esta mercancía, “escasa y peligrosa”, la que produce las ganancias, o bien porque con la legalización de esta mercancía se acabarían las mafias y con ellas la violencia.
Advertíamos que los factores determinantes que originan narcotráfico pueden encontrarse en: la pre-existencia de la violencia como relación y construcción de poderes fácticos; la existencia de más territorio y sociedad que Estado; la organización de la violencia como empresa o sea como fenómeno articulado sistemáticamente a la generación de ganancias económicas, ‘ganancia originaria’ y una historia de corrupción en los asuntos públicos, que da a estas ‘empresas’ relación con el poder del Estado, que es lo que se denomina mafia..
Es la mafia la que crea los nichos económicos en cualquiera de las prohibiciones que existen en tanto que sociedad. Resumiendo, la determinación seria como sigue: son las mafias violentas, como expresión de múltiples relaciones sociales, las que generan el tráfico de drogas y no el tráfico de drogas lo que origina las mafias, aunque este delito internacional sin duda las fortalece.
Hoy tenemos ejemplos precisos de cómo las mafias, como ejercicio del poder por la violencia, está sustituyendo en muchas organizaciones delictivas de nuestro país el tráfico de drogas por el tráfico y apoderamiento violento del poder regional y de las transferencias de presupuesto nacional, con la usurpación de la tierra y la sustitución de toda su economía por la plantación agroindustrial con el que se refuerza su poder territorial y local.
Con un agravante: si las mafias del narcotráfico siguen transitando de la droga al territorio y del territorio a la economía y al poder regional, dejaremos de ser un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos o la Unión Europea y quedaremos solos en la lucha frente a este flagelo mafioso, mucho más peligroso, mucho más político, de mayor influencia económica y mucho más “legalizado”. O al menos, más tolerado y legitimado. En este escenario, la legalización de la droga va resultando inane.
Y aclaremos de una vez un posible equivoco: en este tránsito de la droga al territorio y del territorio a la economía de plantación capitalista y al poder regional, no se está constituyéndose un Estado mafioso, como algunos argumentan en sus simplificaciones “necesarias” al dogmatismo: infantilismo que trata, en el fondo, de hacer una “justificación” del guerrillerismo. No, en este país se estableció o se está estableciendo, por fin, una frontera ética y política con el narcotráfico y con el poder fáctico de la violencia.
Los ‘legalizacionistas’ debieran señalar, entonces, qué es lo que buscan legalizar. ¿Qué se trata de legalizar, las mafias o el consumo, la producción nacional o el narco cultivo, el tráfico entre países de los alcaloides, la compra y distribución nacional o la compra por estanco estatal, la distribución en los países de consumo, o todos los aspectos anteriores? Las respuestas a estos interrogantes deben señalar el cómo, con qué apoyo de opinión y gobiernos, o sea con quién y cómo hacerlo en el país y en el mundo.
Una aclaración: Estas preguntas no se hacen para ‘provocar’. No, es porque la primera verdad que se debe reconocer, es que si se legaliza la droga no quiere decir que se acaban las mafias ni la violencia. Estas preguntas se hacen para que no terminemos como el marido que vende el sofá porque es allí donde la mujer le es infiel.
Otra cosa. Hasta ahora, frente al fenómeno mafioso y de la utilización generalizada de la violencia en Colombia, contamos con el apoyo de Estados Unidos, para confrontar las mafias fundamentalmente en su condición de narcotraficantes y en tanto captadores del poder regional para ese negocio. Aunque no en la misma proporción también contamos con el apoyo de la Unión Europea. No sería lo mismo si nuestra posición nacional fuese la de la legalización.
Pero veamos la otra cara del problema. Ya resaltamos que las mafias, que hoy seguimos describiendo sin exacta precisión como mafias del narcotráfico, han generalizado su accionar violento y corruptor, copando el espectro total de las economías del delito, tanto en sus aspectos o componentes nacionales como en sus aspectos globalizados, “desprendiéndose” relativamente de su carácter de narcotraficantes.
Al mismo tiempo el narcotráfico se ha “democratizado”; los volúmenes de exportación e importación de drogas son crecientes, y se vive una generalización de este fenómeno en América Latina. Esto permite concluir que las mafias han salido incólumes de la “guerra a las drogas” encabezada por la Administración Americana desde Nixon para acá.
Seriamos tan facilistas como los legalizacionistas, sino reconociéramos una verdad que se está haciendo de a puño: la ‘guerra al narcotráfico’ no tiene resultados positivos: no tiende a consolidar, ni cercanamente, una derrota de este negocio ilícito y por el contrario éste se ha extendido territorial y socialmente. Los indicadores nacionales e internacionales para medir la eficacia de la ‘guerra al narcotráfico’ muestran su ineficacia.
Resumiendo: La condición actual del delito en Colombia presenta tendencias: la generalización de las mafias del narcotráfico a todo el territorio nacional, con influencia en todos los estratos sociales y en todas las actividades, lo que irónicamente llamamos “democratización”. Al mismo tiempo, la mafia se “desprende” del narcotráfico, transitando a través de este “desprendimiento” a su territorialización y globalización.
Estas dos tendencias o esta doble cara de un mismo fenómeno, nos permiten, entonces, centrar las preocupaciones del análisis en la encrucijada en que ha caído la lucha internacional contra el narcotráfico. La realidad es bastante descorazonadora: ¡el camino de la legalización del narcotráfico es ‘inocente’ y la “guerra a las drogas” es ineficaz!
El sentimiento de derrota que tiene la afirmación anterior puede ser lo que nos lleva a una antinomia o atrapados en un falso dilema: si se pone el énfasis en la represión militar-policial, o por el contrario, si el énfasis hay que ponerlo en la opción jurídica de la “legalización”. Más parece que el abordaje de este grave problema y mayor desafío está en el terreno económico y del poder político. No en esa antinomia legal.
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