Empieza a renacer la idea de una solución política del conflicto, ese conflicto que se ha hecho interminable e indefinible y en el que nos acostumbramos a vivir. Los cambios internacionales, la caída de los neocons en EU y en otros países, la limitación presupuestal que impone la crisis económica, los cambios nacionales que han descuajado el unanimismo uribista, privilegian soluciones que además de humanas, ponen el énfasis más sobre la política que sobre lo militar: son factores que, desde el ‘lado de acá’ de la democracia, el Estado y la ciudadanía, podrían estimular la solución política.
Pero ¿qué constituye hoy la solución política?, es la gran pregunta. Este campo, el menos cruento, quedo lleno de prejuicios y trabas después de los repetidos fracasos en las negociaciones con las Farc, especialmente la del Gobierno de Pastrana en el Caguán y también, porque no decirlo, desde el fracaso de los diálogos de exploración con el Eln en el Gobierno de Uribe. Estos fracasos de la solución dialogada son dificultades adicionales a la inercia y degeneración del conflicto. Parece que los trabajadores de paz han de replantear-superar esos ‘diálogos condenados al fracaso’, si quieren llenar de apoyo y hacer posible la solución política. 
Porque ese camino exige como el que más el acompañamiento ciudadano, y por tanto, la pedagogía para lograrlo: Requiere que todos efectivamente entiendan y participen de la idea de la democracia contemporánea no únicamente como proceso de mayorías, sino como proceso colectivo de construcción de consensos, de transacción, de consideración-inclusión de los intereses de las minorías en los de las mayorías, como proceso en el tiempo. La democracia es así una cultura de la reforma, es gradualismo de evolución progresiva y no de “logros” obtenidos de golpe. Pero la cultura colombiana está llena de “la vía rápida” o del atajo. El consenso y la reforma son elementos escasos en nuestras costumbres políticas, tanto del Gobierno y por supuesto de la guerrilla. Sobre la visión maximalista y facilista de esta última no es necesario abundar, pues precisamente por esa “ignorancia” o simplismo –además del grado de descomposición que le imponen sus negocios- es por lo que están en el monte. Pero estos mismos males en un gobierno dentro de la democracia sí son una verdadera calamidad y el Gobierno del Presidente Uribe deja un fuerte sabor de total intolerancia. Se sabe que a su intransigencia frente a la guerrilla debe su elección y supopularidad, pero resulta difícil comprender porque sus propios triunfos militares los dilapida como posibilidades políticas para avanzar en una solución. Parece que ha asumido cualquier transacción como una rendición.
Asumir una transacción –en cualquiera de los sentidos- como una rendición es un mal profundo en la política, que desvirtúa la esencia o naturaleza democrática de un gobierno y tiende a hacerlo autoritario. Si a cualquiera que exprese un disenso democrático el Gobierno del Presidente Uribe le da un tratamiento de enemigo, si a los ex Presidentes los trata como guerrilleros o como sus aliados y al resto de la oposición la excluye de cualquier consenso que no sea el de sumarse a la fila de sus áulicos, entonces creo que no es exagerado afirmar que es tremendamente difícil, sino imposible, pensar en una solución negociada del conflicto que sea factible con este Gobierno. ¡Si ha mostrado intolerancia ante el binomio gobierno-oposición e incapacidad para tranzar y consensuar con los sectores democráticos, qué podemos pensar de la negociación política del conflicto!.
La experiencia de los diálogos entre este Gobierno y el Eln, lo reafirma. Sin pretender hacer aquí el necesario balance, una mirada gruesa de esa experiencia permite sí adelantar que, a la falta de capacidad política y orgánica del Coce -que le impidió al Eln aprovechar la coyuntura y oportunidad de concesiones que el mundo exigía como balance equilibrador de la concesiones a los paramilitares y como ‘pioneros’ del camino político- se respondió por el Gobierno con maximalismos militares, suficiencia y acides en abundancia y demandas como la identificación y la concentración de cada guerrillero, cuando apenas si se construía la masa crítica de confianza necesaria a un proceso de paz. Lo que sobró fue actitud camorrista, aun incluso con los representantes de Noruega, Suiza y España, países fuertemente aprestigiados en el campo internacional como facilitadores para la paz. Si esto se manejó así con un grupo debilitado qué diremos en una negociación con las Farc, cargada de sentimientos y revanchas personales por el propio Presidente.Y señalemos que estas notas que pretenden otear una salida positiva no podrían estar inspiradas por una actitud oposicionista al Gobierno: partamos de reconocer que los avances en seguridad facilitarían una solución política. Que hay nuevas circunstancias estatales, de desarrollo económico y de expresión ciudadana en las marchas contra la guerra que favorecen una posible salida política. Pero la conducta real parece estar inspirada por la idea de que hay que liquidar a las Farc y luego en una suerte de negociación-capitulación sumar sus restos a la política gubernamental, que no necesariamente a la democracia, pues “aun desarmados pueden fortalecer la oposición”.
También necesitamos aproximarnos a qué pretenden las Farc en esta etapa. Un argumento que se esgrime por el Gobierno y también por analistas independientes es que las Farc buscan oxigeno o su reposición política. Con el debido respeto, eso no nos dice nada nuevo: aún actores no necesariamente políticos se mueven en la búsqueda de sus intereses, la más de las veces políticos, en la sociedad. 
Más pertinente sería preguntar si esta oxigenación política busca legitimar la violencia que han ejercido hasta ahora con métodos como el secuestro, que puede llevarlos a convertirse, con los paramilitares, el escudo militar del narcotráfico, donde la política es la parte de la combinación de las formas de lucha con la economía del narcotráfico. Ya sabemos por la experiencia paramilitar que la política en ese caso es el interés real de un poder local y regional, complemento de corrupción necesario a la reproducción del narcotráfico y de su necesario poder en la periferia como alternativa al Estado de la democracia.
La verdad no creo que la nueva dirección del Secretariado todavía sueñe con llegar al poder por la vía armada, con una violencia desaforada contra la sociedad y el Estado, visión que primó en la época campesina de la dirección ‘rudimentaria’ de los ‘históricos’. Creo que hay que atrever hipótesis: en las Farc quedan sectores guiados por el realismo, comandados por Cano y el actual Secretariado que -manteniendo su vocación política y ‘hambre de poder’, parecería más bien que con este reposicionamiento político- buscan fortalecer su carácter de fuerza con capacidad para influir en la competencia democrática. 
La ambigüedad de la política de las Farc puede tener, entonces, una doble lectura: lo que para el Uribismo ramplón es un pasivo, tal vez, puede ser el único activo para una realista solución política del conflicto. ¿Por qué? Porque todos sabemos y el sector de Cano seguramente lo sabe aunque lo calle, que nunca van a tomarse el poder, pero la ambición política puede ser justamente el recurso que queda -en una guerrilla autosuficiente económicamente pero altamente deficiente políticamente- para que una oferta generosa de favorabilidad política le dé a este sector el empoderamiento necesario para librar la discusión interna que constriña y deje sin legitimidad al sector narco-campesino, permitiéndole arrastrar a la mayoría de combatientes a una perspectiva de participación política de mayor calado que la que ofrece el poder local-regional, pero al fin periférico, de la economía del narcotráfico. Este escenario lleva el desafío de quién vencerá a quién dentro de las Farc y es sin duda, el mayor desafío de dirección del actual Secretariado de origen urbano.
La pregunta sigue siendo si podrán superar a tiempo la dinámica de la economía del narcotráfico en esa periferia en que están viviendo, que los puede hacer, cada vez más, un asunto marginal de la vida económica, social, política y cultural de los colombianos, quienes además los rechazan tan ampliamente que limita la misma posibilidad de la solución política. El desafío es si van a tener a quien convocar y dirigir en el momento esencialmente político de la negociación. Ya hay la experiencia de que esa capacidad se pierde frente a la realidad económica de los combatientes, como parecía ser el caso de la negociación del Eln: el Coce fungía como una armazón retorica frente a una narco federación de sus frentes.
Tres circunstancias, entonces, parecen necesarias para construir el terreno de una posible solución política del conflicto: La primera, la superación del hegemonismo autoritario de los neo conservadores colombianos. La segunda, que el estimulo a la solución política por la sociedad tenga una clara respuesta y reciprocidad de la dirección de las Farc: se ha contribuido a empoderarla, no sólo para deslindar campos frente al secuestro, frente a los sectores más vinculados a la economía del narcotráfico y a la corrupción, sino frente al mismo Gobierno. Y por último, y lo más importante, que este tipo de solución ha de plantearse, hoy día, más como parte de un gran acuerdo nacional de las fuerzas democráticas que como una mesa de negociación.
Ha de plantearse como parte de un consenso nacional para superar el hegemonismo, para superar la economía y la psicología-social de la guerra y del temor como falso instrumento de cohesión social, reemplazándola por una economía redistributiva del ingreso, que sea alternativa y sustitución real de los narco cultivos y base real de una seguridad humana y democrática, que recupere la esperanza, la ética y los valores esenciales de la democracia y de los derechos humanos, guías de la actividad política estatal y de una verdadera cohesión social.
Se trata más de construir un consenso por una nueva vida con la paz como principio rector de la democracia de un nuevo gobierno, donde las Farc inscribirían sus aspiraciones políticas y de desarrollo, que una mesa de negociación de mezquinas reivindicaciones del grupo armado, reivindicaciones que no son ciudadanas, y que ya no reconocen los colombianos. Ese consenso sería más bien un compromiso de construcción de Destino Común de País, en la batalla política y electoral, consenso que una vez construido, demanda una periodicidad en etapas y reformas, que deberían ser objeto de un análisis y programa especifico.
El rol pluripartidista o suprapartidista de “Colombianos por la Paz”, con su redoblada mesura y carácter nacional, podría ser un factor aglutinante de este consenso, si relieva su función convocante del país nacional y político, convocante de la comunidad internacional, al mismo tiempo que convocante de la guerrilla.
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