Las relaciones con Estados Unidos constituyen el almendrón de la política exterior de Colombia, lo que para algunos no resulta de buen gusto, pero es y será una realidad de a puño durante muchos años. Esas relaciones son multifacéticas, aunque debiesen serlo mucho más. En este Gobierno se han centrado en lo económico, en el logro del TLC y en lo político, en la colaboración en seguridad, en tanto el apoyo del Plan Colombia a la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados de la guerrilla y los paramilitares.
En ambos aspectos el avance de esta cooperación ha sido grande, y tal vez por ello mismo, controversial. Justamente esta controversia hace que estas relaciones ya no sean solamente de los Gobiernos y definidas por ellos, sino que empiezan a hacerse y discutirse por la gente, por los medios, por los partidos, las ONG, los sindicatos y obviamente por los empresarios, lo que da por resultado una mayor participación ciudadana en la política internacional del país. Pasaron las épocas en que las Cancillerías trabajaban de espaldas y marginando al público.
Ambos temas, el del TLC y el de la cooperación en seguridad, son temas mayores y por tanto, condensan posibilidades políticas inmensas para las relaciones diplomáticas. Estos dos temas hoy tienden a derivar en nuevos desafíos. El éxito o fracaso en las relaciones económicas con EU se traduce en mayor o menor crecimiento económico: la pobreza o bonanza de nuestras gentes están marcadas, en parte, por los niveles de empleo y formación de nuevas empresas que esta relación permita. De allí la importancia del TLC
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Su desafío hoy depende de la forma y del tiempo en que sea aprobado el TLC. La superación de la recesión económica que se vislumbra y que podríamos atravesar en el futuro inmediato, resultaría mucho menos impactante si el TLC fuese prontamente aprobado. Estos dos años que restan del Gobierno del Presidente Uribe, fuertemente ligados a la generación de demanda agregada para la superación de la recesión, dependen por tanto, en buena medida, de la suerte del TLC. Pero no sólo es el actual Gobierno quien depende del TLC; también se juega la suerte de gran parte de los colombianos.
El nivel del empleo, el equilibrio fiscal, necesario al desarrollo de los programas sociales sobre la base de una economía sana, dependen en una buena parte de la entrada en vigencia del TLC, de la cantidad de inversión y de demanda que EU establezca para ampliar y modernizar el sector empresarial. De aquí, que este desafío no se pueda abordar de manera partidista, como se viene abordando por algunos. El caso no es si ‘‘al Gobierno de Presidente Uribe le aprueban los miembros demócratas del Congreso americano el TLC’’. No, el asunto es de interés nacional: lograr el marco legal y permanente entre las dos economías que las haga más complementarias y dinámicas. El asunto es cómo encontrar un camino para que las exigencias del Congreso de EU, exigencias que en su conjunto reclaman cumplimiento de los derechos humanos, sí se conviertan en factor democratizador de la vida y la política colombiana y no, paradójicamente, en un factor de reforzamiento nacionalista que nos lleve ‘a cocinarnos en nuestra propia salsa’ de atraso económico, de mezquindad cultural nacionalista, de política excluyente y de continuación por tanto, de la violencia.
Pero a propósito de la violencia quiero hoy abordar otro desafío, que se va tornando en un punto sensible de lo que significa una relación entre iguales, una relación que efectivamente esté marcada por el respeto de los intereses intrínsecos de cada uno de los dos pueblos y Estados. Me refiero al tema de la cooperación judicial, que pone en terreno totalmente nuevo y exigente la colaboración política, después de la extradición de los 14 jefes paramilitares y de algunos jefes guerrilleros: hoy la cooperación judicial de EU con la CSJ y la Fiscalía colombiana se ha convertido en una línea, o si se quiere en una tendencia, que de manera oblicua atraviesa esencialmente la resolución verdadera del conflicto en Colombia.
Si el TLC va dirigido al bolsillo de la gente, la colaboración judicial va dirigida al alma de todos los colombianos, víctimas directas o no del conflicto. En caso de frustración de la verdadera colaboración judicial veríamos burladas la verdad, la justicia y la reparación, elevándose el riesgo de la repetición del conflicto. Ninguna economía sana se puede construir sobre el tendal de muertes, de desaparecidos, de expropiados y desplazados, de pueblos destruidos, de secuestrados y extorsionados, de narcocapitales que chorrean sangre y lodo por todos sus poros.
La colaboración judicial tiene que ser en todos los casos. Tanto en el caso de guerrilleros como de paramilitares. Ya van frustradas seis diligencias de interrogatorio de la Fiscalía a Simón Trinidad y otras tantas a los jefes paramilitares recientemente extraditados. Pero no podemos ocultar que algo va de Dinamarca a Cundinamarca: en este último caso la colaboración es esencial para desmontar las estructuras que les permitieron a los paramilitares colonizar una parte significativa del Estado.
De allí que si no hay una eficaz colaboración podemos decir que la corrupción del narcotráfico y de la narcopolítica seguirá campeando en la vida nacional, y la repetición del conflicto, aunque con otra presentación, sería inevitable. Entonces la cooperación política para la seguridad –el otro campo esencial de las relaciones Colombia EU- sería como sembrar en el viento para cosechar tempestades.
La primera damnificada de esta situación parece que sería la propia extradición. Los colombianos hemos acompañado la extradición, a un costo de centenares de muertos, bombas y toda suerte de terrorismo, porque sabemos que las penas y las condiciones carcelarias son más rigurosas en EU y más eficientes para desmontar las estructuras mafiosas. Más eficientes que lo brindado, hasta ahora, por la justicia en Colombia. Pero si de este proceso de extradición, por una deficiente colaboración judicial de EU, resultase frustrada la posibilidad de desmontar esas estructuras paraestatales del narcotráfico y la violencia, la extradición quedaría convertida en un arma para burlar no sólo a las victimas sino al país entero: la extradición quedaría herida de muerte; nadie podría defender honradamente continuar con la extradición.
Ya en otros papeles de esta Red de Pensamiento habíamos advertido del riesgo que empieza a tener en Colombia en la lucha contra las mafias: la mafia al “desprenderse” del narcotráfico, al “territorializarse” y transformar su poder económico en poder político local, en definitiva empieza a lograr “legitimidad” y una suerte de legalización. Habíamos advertido de la soledad en que quedaría la sociedad y el Estado colombiano para enfrentar esta lucha, en tanto, ya no sería del mismo interés para EU y el resto del mundo: pero para los colombianos el daño ético, político y económico sería muchísimo mayor. La débil colaboración judicial para tener una verdad y reparación efectiva, puede convertir este riesgo en una realidad dramática.
Digámoslo de una vez: lo importante no es la duración de las penas, argumento que ‘suena bien en la galería’. El Presidente de manera un tanto filistea lo planteó. El Embajador Brownfield, le respondió, ironizando, al señalar que en Colombia les esperaba 5 a 8 años de cárcel y la continuación de su poder corruptor, frente a un mínimo de 17 años en EU. El real desafío radica en que la colaboración judicial logre romper el hecho de que los paramilitares continúen manejando, como manejaban, el narcotráfico, la violencia, la expropiación de las tierras y el poder local. El desafío esencial es conocer la verdad para romper su penetración en el Estado y lograr que los capitales y las tierras mafiosas vayan a la reparación de los desplazados y las victimas. Lo esencial es, repetimos, desmontar las estructuras paraestatales de la mafia para hacer una democracia cívica, pacífica y honrada, sin dobles planos y dobles mensajes para la ética ciudadana.
Sabemos de la separación de poderes en EU. Pero igualmente sabemos que si el Presidente Bush, así como le ha dado a la aprobación del TLC mensaje de máxima importancia, de tal manera que EU pueda obrar con consecuencia en las relaciones con su aliado estratégico, si le diera, repetimos, la misma importancia al éxito de la colaboración judicial, se aseguraría una eficaz labor para superar el conflicto y elevaría el papel de EU de un socio militar insustituible para la seguridad y para la derrota del terrorismo, a la de un socio estratégico, ético y político para la paz, la reconciliación y el posconflicto en democracia. La opinión política toda tendría que reivindicar el papel democratizador incuestionable de EU.
Y si el Gobierno colombiano reivindica una colaboración judicial verdadera, sin esconderse en argumentos diversionistas, si el Gobierno apoya a la CSJ y a la Fiscalía para lograr esta colaboración y exige al Gobierno americano consecuencia y compromiso con el socio estratégico para una verdadera colaboración judicial que ayude a la terminación del conflicto, entonces podrá demostrar que los paramilitares se extraditaron para romper su influencia en el Estado y aún en entidades del propio Gobierno, como el DAS.
Demostraría palmariamente que la extradición de la cúpula paramilitar no se hizo para pretender disminuir el impacto de la parapolítica; que no se hizo con agenda distinta a la de a derrotar el fenómeno que más peligrosamente ha amenazado y amenaza al Estado y a la misma sociedad, a su ética y a la sustitución de la cultura cívica por la narcoviolencia.
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