EL DERRUMBE DE LAS PIRÁMIDES Y LA UNIDAD NACIONAL

El derrumbe de las pirámides que afectó mucho más en los departamentos del sur del país, amenaza con hacer de la diferencia geográfica el principio de una fractura de la unidad nacional. Esta crisis social que llegó a estos extremos, por falta de un Gobierno centrado en los verdaderos desafíos del Estado, podría originar agrietamientos como los de algunos países de América Latina, donde soplan vientos de disgregación de la unidad política. En Colombia esas circunstancias tienen en el narcotráfico y en las organizaciones armadas ilegales su multiplicador.

Encandila al mirar cómo los ciudadanos del sur empeñaron, más que sus dineros, la confianza social en DMG. Esa confianza casi ciega va acompañada de una desconfianza frente al Estado. Es un desafío desentrañar cómo se construyó esa confianza. La explicación que se está ofreciendo por el Gobierno y los medios, genera más interrogantes que soluciones de cara al futuro de la unidad nacional y en la lucha contra la corrupción.

Se argumenta que se construyó a partir de pagar los “dividendos” con el lavado de los dineros del narcotráfico. Algunos ‘non santos’ empresarios e importadores han usado el lavado de activos de tiempo atrás. La cuestión ahora es que esta triangulación parece que se popularizó involucrando a millones de pobres.

¡En Colombia todo es grave pero nada es serio! Por eso se mira con poca atención la cara oculta de estas explicaciones que harían aún más incierto el futuro de la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Al tiempo que la economía legal, hasta ahora, ha generado más concentración y exclusión que democratización, la economía ilegal del narcotráfico habría empezado a “distribuir el ingreso” “capitalizando” y redistribuyendo beneficios en las pirámides. Estaríamos asistiendo no sólo a la “democratización” del creciente número de narcotraficantes, sino a la “democratización” también del ingreso social ¿Cómo seguir sosteniendo eficazmente en ese terreno social la lucha contra el narcotráfico y no perder la capacidad del Estado para mantener la unidad política y social?

Si así es, la “guerra al narcotráfico” estaría doblemente perdida: desde el punto de vista de la seguridad, porque el narcotráfico ya no sólo reciclaría bandas armadas como forma de territorializarse, sino que se estaría perdiendo en la economía y en la cultura de las gentes al entrar a competir fuertemente por la inclusión de los sectores informales haciéndolos ‘sujetos del crédito y de la redistribución de ingresos’.De muy poco servirían los justos reclamos éticos, ni acusar de codiciosos a los menesterosos: la ética es un desarrollo de la supervivencia. Menos si son hechos desde un Estado complaciente y desde un Gobierno obcecado en la guerra y sus negocios. En la Fuerza Pública hay sectores que literalmente matan jóvenes de esos estratos para ganar recompensas, crímenes que han quedado cubiertos en este espectáculo sobre DMG.

Resumiendo. Estas explicaciones son más preocupantes que satisfactorias. Esconden el verdadero asunto: la falta de una economía y Estado para la redistribución del ingreso y las oportunidades, al tiempo que el Gobierno del Presidente Uribe sigue jugando al caudillismo vacuo de ‘insustituible’ y brilla por su falta liderazgo. Más allá de un efectivo comandante de la Fuerza Pública, necesitamos un nuevo Jefe de Estado para descentralizar el desarrollo.