LA DEMOCRACIA: ¿MAYORÍAS O INSTITUCIONES?

La democracia tiene varias connotaciones. La primera de ellas y tal vez la más extendida, es que la democracia es “la norma de la mayoría” o sea el Gobierno de la representación y participación popular mayoritaria para la dirección del Estado y para la elección de sus gobernantes. Pero la democracia no es sólo el gobierno de las mayorías. También la define ser el gobierno de la Ley, de la supremacía de ésta sobre los individuos o sea el gobierno de las instituciones, constitucionalmente establecidas: Es el desarrollo institucional el que asegura la separación y el equilibrio de pesos y contrapesos de los poderes, que hacen del Estado la expresión del equilibrio de los distintos intereses sociales y políticos. Poderes separados pero armonizados por el propósito de asegurar que la representación ciudadana sea efectiva y con apego a la Ley, a la Constitución.

Toda definición de la democracia es histórica, pues la democracia es en sí misma un proceso. Partió del reconocimiento republicano de la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que hiciese posible y alcanzable, democráticamente, el poder del Estado a los ciudadanos. Exigía la libertad como complemento esencial. Hoy se plantea que sin el ejercicio efectivo de la libertad, que este desarrollo institucional debe asegurar, sería insuficiente la separación de poderes. La libertad de palabra y de crítica, expresada en una prensa libre, provee las condiciones necesarias para hacer real la libertad: el control de los medios masivos de comunicación completa y estimula la separación de los órganos de control dentro del Estado. Su unidad es el llamado ‘cuarto poder’.

La libertad no es sólo para pensar o disentir, es ante todo para organizase y participar políticamente en el poder, objeto de la política.

Los contenidos definitorios de la democracia, mayorías e instituciones, son complementarios pero no siempre coinciden. En la Colombia de hoy la mayoría de los ciudadanos se manifiesta abiertamente a favor de la continuidad del Gobierno del Presidente Uribe, pero su continuidad puede afectar seriamente la independencia de poderes y el desarrollo institucional. Es bien cierto que su reelección se hizo por medio del cambio constitucional y de allí se desprendió las modificaciones institucionales que estamos viviendo. Ateniéndonos a estas dos definiciones de democracia nos corresponde decir que estos cambios constitucionales e institucionales reflejan la decisión mayoritaria que es la norma primaria de la democracia, pero al tiempo, ponen en riesgo su estabilidad institucional.

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Igual cosa se podría decir de la reforma constitucional que exigiría una tercera elección del Presidente Uribe. Por eso, y como llamado de atención señalamos que, los pensadores clásicos, que dieron origen al constitucionalismo moderno como Locke y Rousseau, recomendaban que para el establecimiento o fundación constitucional debiese haber unanimidad.

Pensaban que la Constitución es más un asunto de consenso fundacional, que de mayorías que se imponen democráticamente. Igualmente recomendaban evitar al máximo, los cambios constitucionales circunstanciales que las mayorías pudiesen hacer, para no convertir la Constitución en una colcha de retazos. La Constitución resulta así el marco de consenso unánime dentro del cual los cambios legislativos se hacen sin romper su límite.

En Colombia la Constitución se tiende a cambiar casi que sucesivamente de acuerdo a las condiciones coyunturales en que se mueve la política, con lo que la estructura institucional fundamental del país resulta inestable, seriamente afectada y finalmente controlada por el Ejecutivo y particularmente por el Presidente. La reelección del Presidente Uribe sigue generando una gran controversia sobre su impacto institucional, y para quienes ponen el énfasis en la calidad institucional de la democracia, la tercera elección puede ser una inflexión de quiebre en el desarrollo democrático del país.En Colombia la Constitución se tiende a cambiar casi que sucesivamente de acuerdo a las condiciones coyunturales en que se mueve la política, con lo que la estructura institucional fundamental del país resulta inestable, seriamente afectada y finalmente controlada por el Ejecutivo y particularmente por el Presidente. La reelección del Presidente Uribe sigue generando una gran controversia sobre su impacto institucional, y para quienes ponen el énfasis en la calidad institucional de la democracia, la tercera elección puede ser una inflexión de quiebre en el desarrollo democrático del país.

Como vemos la discusión es compleja y exigente. La cuestión no es simplemente del querer y participación electoral de la mayoría como factor determinante y suficiente. Para definirnos como país democrático –más en las sociedades modernas- se exige también, la calidad, estabilidad y separación de sus instituciones y poderes.

La posible tercera Presidencia del Dr. Uribe nos enfrentaría a una dicotomía: por un lado, está el querer mayoritario de la opinión que la tiene como lo más deseable y expresa una opción democrática, al tiempo que, por el otro, muy posiblemente debilite institucionalmente al Estado democrático.

Los mayores riesgos están en que se debilite la independencia y conformación autónoma de la Justicia; que debilite la crítica y libertad de los medios de comunicación, ante el riesgo de que los ‘mediatice’ el poder de contratación del Gobierno en ejercicio; que debilite el efectivo control político del Congreso, de su iniciativa legislativa y de su funcionamiento por bancadas representativas de los distintos intereses de la sociedad en partidos fuertes y de conformación independiente al caudillismo político; y que termine con la independencia de Banco de la República, como garantía de una política monetaria sana e independiente de las necesidades y afanes del Gobierno. Pero esta dicotomía no se puede plantear sólo como un asunto teórico. Si lo asumimos así, nos quedaremos lamentando que la vida no se parece a nuestro deseo o arquetipo de sociedad.

Ya el profesor Posada Carbó –un pensador que aparece como la conciencia racional del establecimiento y del que no se puede aducir ningún retozo oposicionista- ha salido del terreno teórico que le es afecto y planteado unos escenarios de futuro político muy probables. Su llamado de atención al liderazgo empresarial y nacional, es el del riesgo o amenaza grave en que quedaría la democracia, al construir una estructura constitucional que favorecería la “eternización” de cualquier caudillo. Así llama la atención de que el caudillismo, al final, siempre es reemplazado por su alternativa.

Si fuese permitido, su advertencia la pondríamos así: “No hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti”. Un absolutismo de derecha dejaría sentadas las bases constitucionales y políticas para un recambio por un absolutismo populista-nacionalista, con el que se haría en vano el esfuerzo de seguridad, confianza y de estabilización para el desarrollo capitalista, que se ha hecho.

Más aún. El silencio del Presidente sobre su segunda reelección o sus mensajes “crípticos” de la hecatombe, al tiempo que avanza la campaña de su partido para el referendo reeleccionista y decisiones clientelares como las de ‘familias en acción’, no constituyen un precedente democrático. Las reglas del juego transparentes son la condición del proceder que no genera resentimientos y fracturas insalvables.Pero ahora bien. Aún si estas reglas se hiciesen claras, seguimos sin resolver la desigualdad entre la favorabilidad del Presidente y el resto de líderes nacionales, que establece una objetiva presión mayoritaria de la opinión. A nuestro modesto entender, hay que encontrar equilibrio y compatibilidad entre los otros liderazgos políticos y la continuidad al esfuerzo en seguridad y en trabajo denodado. Son estas condiciones personales y políticas las que dan la preferencia por el Presidente Uribe y son base de la confianza social y empresarial, puntos capitales hoy para la definición de la escogencia ciudadana.

Porque hay que tener honradez política y reconocer que también la recuperación institucional depende de la seguridad y confianza que ha logrado el Gobierno del Presidente Uribe. Además, el debilitamiento institucional no tiene únicamente que ver con la reelección. La razón principal de la actual des institucionalización está dada por la crisis de la ‘parapolítica’: la significativa cooptación de los partidos por el narco-paramilitarismo que ha hecho ineficaz al Congreso. Igualmente hay que reconocer que es fuerte el señalamiento de la oposición de que la parapolítica participó en ambas elecciones, con votos que deslegitiman ambos procesos

Pero presentar la influencia que tienen estos votos en la elección de un senador, que en últimas tiene carácter e influencia regional, como igual a la que tuvieron en la elección del Presidente Uribe, con semejante simpatía nacional, resultaría esquizofrénico. Eliminando todos los votos que ponen los paramilitares, Uribe puede hacerse elegir en una primera vuelta.Planteamos así el asunto para señalar las múltiples aristas de la reelección y para mostrar que el desequilibrio entre la opinión ciudadana y la opinión especializada de la politología configura una inecuación real y compleja.

Creemos que la inecuación se resolvería si en un propósito nacional, encabezado por el propio Gobierno, secundado por los empresarios y los sindicatos, por los medios de comunicación, por los partidos políticos y organizaciones ciudadanas y universitarias, se convocara a un Acuerdo
Fundamental para la continuidad de los contenidos de la seguridad democrática y de las posibilidades que ha abierto para una solución política y pacífica del conflicto.
Un acuerdo para la exclusión definitiva de la violencia en la política, al hacer una reforma política y electoral profunda y cierta y un compromiso de transparencia de su aplicación que nos permita superar la ‘parapolítica’ y el constreñimiento guerrillero en los gobiernos locales y para la preservación y control de los dineros públicos municipales y regionales que son botín económico y de reproducción de las organizaciones delincuenciales armadas y clientelares y medio de penetración del narcotráfico en el Estado.

Un Acuerdo Fundamental que asegure un consenso para dar continuidad a la obra de seguridad y confianza de este Gobierno exige también que los colombianos abordemos en profundidad la crisis del Congreso y busquemos su solución. Por tanto, una reforma política para la superación de la violencia y el constreñimiento de la voluntad del elector para que sea verdadera sólo puede ser producto del consenso político y ciudadano. Si no, esta falta de legitimidad arrastrará al conjunto del poder.

Sólo así, con un compromiso de participación ciudadana y partidista efectivo, recuperaremos la legitimidad del Congreso y la cultura necesaria para empezar a derrotar la “cultura del atajo”. Esta reforma debería proveer el equilibrio entre un ejecutivo fuerte para abordar temas tan cruciales como el conflicto, con un Congreso que centre la atención y compromiso político de la participación ciudadana en un destino común. Una reforma que establezca límites y complementos entre esos poderes, elevando el papel plural y de construcción de consenso que el Congreso da al ejercicio del poder. Una reforma que no puede resultar de la imposición de las mayorías mecánicas del Congreso que son las más deslegitimadas.

Ya varios analistas han planteado los límites de la reforma que tienen que ir más allá del tema de la ‘silla vacía’. La participación o cuota de los partidos en el Ejecutivo, su influencia en órganos del Poder Judicial –como el Consejo de la Judicatura, etc.- deben ser reformadas para asegurar su profesionalización y la menor carga clientelar del Estado. La reforma ha de ser integral. Esta participación se reglamenta y legitima en los regímenes de origen parlamentario.Si bien, nuestro desarrollo institucional podría estar inmaduro para un régimen parlamentario por la debilidad de los partidos, es obvio que la necesidad de superar la polarización y pugnacidad existente, demanda una relación nueva que eleve el pluralismo en el ejercicio del poder. Ese pluralismo se debería expresar en el fortalecimiento del Congreso, tal vez en un régimen semi-parlamentario. Este régimen establecería un Primer Ministro o Ministro de la Política, que desarrolle el Programa del Acuerdo fundamental, y que pueda ser sometido a la aprobación o desaprobación en cada etapa. Pensamos que así se le daría continuidad a la política de seguridad y del consenso, y se podrían hacer los ajustes o cambios que la coyuntura política imponga.