No quiero con el título de este papel jugar o ironizar sobre la seguridad, tema que exige seriedad, pues de por medio, está el riesgo para la vida, la tranquilidad y la propiedad o lo poco de bienes de tantos y tantos colombianos. No, lo que quiero es empezar a llamar la atención sobre un punto que los colombianos y la opinión internacional estamos tomando como axiomático: el Gobierno del Presidente Uribe pasará a la historia como el gobierno de la reconquista de la seguridad y la derrota de los agentes de la violencia en Colombia.
De verdad son muchos los logros en ese terreno que ha obtenido este Gobierno. No quiero hacer su inventario, sólo quiero resaltar el inmenso avance en la desarticulación del brazo armado de los paramilitares y el debilitamiento, casi que irreversible, de las Farc. ¡Y para que más! Podríamos exclamar los colombianos. Sí, efectivamente, eso constituye un gran logro.
Sin embargo, vistos en el tiempo estos logros pueden ser no tan concluyentes y algo ya se percibe frente a la “terminación” real del paramilitarismo.
También ya hemos escrito otro papel sobre la insuficiencia de una seguridad que no se asume integralmente, como seguridad humana, que no se asienta en un orden público aparejado con la mejoría de los índices de desarrollo humano. No obstante hoy quiero centrarme en el tema de la seguridad pública, si se quiere, de la seguridad a secas.No quiero ni aguar la fiesta, ni me asisten intereses oposicionistas, en un tema que por su naturaleza vital, es de suyo nacional y no debiese estar, aunque en Colombia lo está, en la agenda de la confrontación partidista. Quiero centrarme en las inquietudes que me han llevado a formular la pregunta con que titulo este papel. Y quiero hacerlo comparando con otros momentos de seguridad que los colombianos hemos tenido y en el análisis de lo que pasa en el Gobierno actual.
1.- La seguridad requiere sostenerse en el tiempo.
Llamo a recordar la “euforia” que vivimos en la época de la desarticulación del cartel de Medellín que terminó con la muerte de Pablo Escobar. Parecía que íbamos a dejar atrás la narcoviolencia, el narcoterrorismo y la pretensión de la mafia de copar el poder regional. Pero después de la muerte de Escobar y de la desarticulación del núcleo central del cartel, no fue así. Los actores han cambiado pero la violencia y el narcoterrorismo continúan.
Tampoco ha disminuido el narcotráfico, principal generador de inseguridad; por el contrario ha aumentado el volumen de droga exportada. Y su precio en las calles de EU, de Europa, y ahora de Brasil, chile y otros países no aumenta sino que disminuye, lo que confirma su abundancia. También ha aumentado el número de personas dedicadas a él, aunque hayan disminuido el número de personas que hacen parte de todos los “ejércitos” de los narcotraficantes de “distinto” signo ideológico. Podría afirmar que en Colombia ha aumentado la mafia, el número de mafiosos y los llamados “lava perros”.
Ni que decir del resto de Latinoamérica. La guerra al narcotráfico, que se inició en el Gobierno del Presidente norteamericano Richard Nixon, se está perdiendo.
Esta “guerra” que merece un análisis especifico, hoy sólo la tocamos en tanto afecta y pone en cuestión la sostenibilidad de la seguridad del Gobierno del Presidente Uribe. Por eso, las preguntas y constataciones que a estas alturas se imponen son ¿La seguridad democrática ha disminuido el narcotráfico y sus agentes mafiosos? ¿Hay menos penetración de la mafia en el Estado? ¿La seguridad de este Gobierno ha destruido el paramilitarismo o lo ha reconvertido en un archipiélago de pequeños carteles, de “nuevos” paramilitares? ¿El debilitamiento de la dirección de la guerrilla si terminará por disolverla o corremos el riesgo de estar acabando con la dirección capaz de dirigirla a una mesa de negociación que saque el mayor número posible de sus integrantes del narcotráfico? ¿No será que estamos recorriendo el mismo camino que con los paramilitares, terminando esos dos “ejércitos” en una diáspora ‘bandolerizada’.
Estas preguntas planten los primeros interrogantes a la sostenibilidad de la seguridad del presidente Uribe, pero no son ni los únicos interrogantes, ni los más importantes.Esta “guerra” que merece un análisis especifico, hoy sólo la tocamos en tanto afecta y pone en cuestión la sostenibilidad de la seguridad del Gobierno del Presidente Uribe. Por eso, las preguntas y constataciones que a estas alturas se imponen son ¿La seguridad democrática ha disminuido el narcotráfico y sus agentes mafiosos? ¿Hay menos penetración de la mafia en el Estado? ¿La seguridad de este Gobierno ha destruido el paramilitarismo o lo ha reconvertido en un archipiélago de pequeños carteles, de “nuevos” paramilitares? ¿El debilitamiento de la dirección de la guerrilla si terminará por disolverla o corremos el riesgo de estar acabando con la dirección capaz de dirigirla a una mesa de negociación que saque el mayor número posible de sus integrantes del narcotráfico? ¿No será que estamos recorriendo el mismo camino que con los paramilitares, terminando esos dos “ejércitos” en una diáspora ‘bandolerizada’.
Estas preguntas planten los primeros interrogantes a la sostenibilidad de la seguridad del presidente Uribe, pero no son ni los únicos interrogantes, ni los más importantes. Esta “guerra” que merece un análisis especifico, hoy sólo la tocamos en tanto afecta y pone en cuestión la sostenibilidad de la seguridad del Gobierno del Presidente Uribe. Por eso, las preguntas y constataciones que a estas alturas se imponen son ¿La seguridad democrática ha disminuido el narcotráfico y sus agentes mafiosos? ¿Hay menos penetración de la mafia en el Estado? ¿La seguridad de este Gobierno ha destruido el paramilitarismo o lo ha reconvertido en un archipiélago de pequeños carteles, de “nuevos” paramilitares? ¿El debilitamiento de la dirección de la guerrilla si terminará por disolverla o corremos el riesgo de estar acabando con la dirección capaz de dirigirla a una mesa de negociación que saque el mayor número posible de sus integrantes del narcotráfico? ¿No será que estamos recorriendo el mismo camino que con los paramilitares, terminando esos dos “ejércitos” en una diáspora ‘bandolerizada’.
Estas preguntas planten los primeros interrogantes a la sostenibilidad de la seguridad del presidente Uribe, pero no son ni los únicos interrogantes, ni los más importantes.
2.- Si la seguridad se vuelve bandera electoral tiende a perder su carácter nacional: sólo un consenso político da carácter democrático a la seguridad.
El Gobierno del Presidente Uribe ha sido el primero que ha hecho de la seguridad un programa de gobierno: planteó la seguridad como un bien de todos, un deber y carácter de Estado y la base de la necesaria pluralidad democrática. Esta definición democrática de la seguridad, acompañada de los golpes que propinó a la guerrilla –principal objeto del rechazo ciudadano- le dio inmenso apoyo ciudadano. 
La preocupación hoy es que el Presidente y el Gobierno han convertido la seguridad en una bandera partidista, en una forma de campaña electoral permanente. Eso hace, necesariamente, que esa “seguridad” primero excluya, luego descalifique y finalmente ponga en condición de “enemigo de la seguridad” -al rival electoral o al organismo de control o otras instituciones del Estado que tenga una diferencia con el Gobierno- como aparece en las últimas manifestaciones de la polémica coyuntural.
Una seguridad así lleva necesariamente –en la natural pugna política de la democracia y más en la competencia electoral- a plantear que no puede ser para todos los ciudadanos, ni pluralista, ni menos democrática y Estatal. Máximo será gubernamental, mientras dure ese gobierno. Esto tiene un agravante en un país polarizado: si la oposición no es responsable y preparada, desechará la seguridad por desechar ese gobierno.
Esa seguridad tenderá a recargarse sobre el número de armas y de personal militar-policial, pero no una seguridad basada en la justicia de un Estado coordinado y armónico. La seguridad para tener y mantener su carácter democrático requiere el consenso construido de los partidos y las instituciones para establecer los acuerdos fundamentales y los cambios en la estructura del Estado y en la cultura ciudadana que la hagan nacional.
Por eso afirmamos que es de alto riesgo convertir la seguridad en bandera electoral partidista, más cuando el propósito electoral gubernamental ve positivo el debilitamiento de los partidos políticos: la seguridad se hace así un asunto caudillista y por lo tanto no sostenible. Este riesgo fue anotado por el analista Pedro Medellín quien señaló que este accionar gubernamental tiende a cambiar la cultura ciudadana, al rebajar los estándares éticos sociales: se criminaliza la política como sinónimo de bandidaje. La política ya no es deliberación sino señalamiento; los partidos ya no son procesos de los diferentes intereses sociales sino ventajas privadas; y el estado democrático ya no es alternancia sino ventaja para la permanencia del grupo en el poder.
3.- La seguridad si no desarrolla la democracia institucionalmente tiende a convertirse en autoritarismo del grupo político-económico en el poder.
La experiencia de otros Estados en busca de seguridad muestra dos maneras de obtenerla. Seguridad como producto del pleno desarrollo de la democracia y de los índices de desarrollo humano: la hace sostenible y realmente segura. O seguridad por la imposición de un Estado autoritario, con negación de los derechos humanos que hace de la seguridad una función inseparable del régimen político: si no hay autoritarismo no hay seguridad
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Desde la Constitución del 91los colombianos venimos ampliando nuestra democracia. La seguridad hasta ahora obtenida por el gobierno del Presidente Uribe se inscribe significativamente en ese propósito. Pero la asechan cada vez mayores riesgos, dado el carácter intolerante de su gobierno y la tendencia arebajar el carácter institucional de la seguridad y del conjunto de la actividad del Estado.
La confrontación con el Poder Judicial, buscando defender lo indefendible -la corrupción y el concierto para delinquir, y posiblemente la vinculación a delitos de lesa humanidad, de un número significativo de miembros de su coalición, está llevando a que la seguridad obtenida en este Gobierno tienda a convertirse en una mampara y martillo contra la CSJ y el resto del Poder Judicial. De qué otra manera se puede interpretar la convocatoria a un plebiscito, aprovechando su opinión favorable por los logros en seguridad, para responder a la CSJ su sentencia sobre el cohecho en la Yidis-política.
Las respuestas a las críticas de la oposición, tildando a sus voceros de ‘terroristas de civil’ o al exPresidente de la República, Dr. Cesar Gaviria, de alianzas con un sector mafioso, no reflejan si no la debilidad de su defensa de esa sí una alianza efectiva de funcionarios de su Gobierno con jefes de la mafia para atacar a la CSJ, en tamaño despropósito. Estos son signos inequívocos de un autoritarismo en ascenso.
Y por último, la pretensión de mantener los reflectores de los medios concentrados en la voluntad y volubilidad del Presidente, no por su política, no por la riqueza de gobernar bien, sino por sus sinuosas y cripticas manipulaciones del poder, estimulan la cultura ciudadana del “caudillo insustituible” para el Estado. Esa cultura la pretenden sintetizar en el referendo de la reelección, con tal esperpento jurídico, que el único colombiano que cumpliría las condiciones de esa reforma de la Constitución sería el propio Presidente Uribe: se confirmaría así el rasgo de autoritarismo como definitivo con una reforma constitucional a su exclusiva medida
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Esta reforma de la Constitución aunada a su permanente obstrucción a la justicia en el juzgamiento de la parapolítica y la Yidis-política, debilitan fuertemente el Estado de Derecho, mientras pulula la corrupción de grandes negociados y la inequidad de los sistemas tributario y de concesiones, en beneficio del gran capital y de los empresarios de plantaciones agrícolas y mineros. Más riesgos no se pueden acumular para la democracia y para una política de seguridad verdaderamente plural. Si la seguridad que construye el Gobierno del Presidente Uribe refuerza la tendencia autoritaria, de beneficio de los plutócratas y la “cultura” caudillista que criminaliza la política, entonces la respuesta a la pregunta con que titulamos este papel será: ¡no es segura y menos sostenible!
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