Julio de 2008Luego de casi medio siglo de conflicto interno, cada vez más degradado, los colombianos pedíamos a gritos seguridad. Y pedíamos priorizarla ante otras responsabilidades del Estado. Fue el candidato Uribe quien captó por vez primera esta necesidad y quien la convirtió en el leit-motiv de su campaña. Le dio a la gente certezas y pertenencia a un propósito que le era, en realidad hasta entonces ajeno a la política del Estado. Se comprometió a recuperar el territorio, para dar la confianza y la movilidad necesarias para la formación de capital empresarial y social.
Como presidente mostró de manera práctica, que la seguridad es la ‘pareja’ necesaria a la libertad. Sin seguridad la libertad termina conculcada por el miedo, por la violencia o por las organizaciones que la ejercen. O por actores privados que ‘venden’ seguridad y que son indiferentes frente a la libertad, y peor aún, por organizaciones delincuenciales y mafiosas que hipotecan la libertad de los ciudadanos y los empresarios y hacen deleznable esa libertad, por decir lo menos.
Es más en aquellas condiciones, los colombianos estábamos dispuestos a sacrificar crecimiento económico, empleo, prestigio del país en el mundo y parte de las mismas libertades, a condición de un programa estatal que permitiera dar la sensación de que podía “cesar la horrible noche”, para cantar a “la libertad sublime”.
El Presidente Uribe ha venido cumpliendo el programa por el que fue elegido: al Estado, como le corresponde, dé la seguridad y la justicia para hacer cierta la movilidad y la libertad frente a la extorsión y el secuestro; ha generado confianza ciudadana y posibilidad para la inversión, etc.
Esto es una realidad, no obstante que ahora esté cuestionado por otros temas altamente sensibles relacionados con la influencia de la violencia paramilitar en su campaña y por el nivel de corrupción de la política para su reelección.
¿Este haber cumplido en la seguridad hace entonces cesar la necesidad de un programa sobre la seguridad ciudadana? Creemos que no. Y es más, creemos que no habrá programa político influyente en las elecciones del 2010 que no dé cuenta y continuidad de esta imperiosa necesidad. Porque si bien el conflicto interno ha amainado - y las manifestaciones que más nos conmocionaban, como el secuestro, la desaparición forzada, la extorsión, la toma y destrucción de pueblos, el desplazamiento, la perdida de movilidad por las carreteras, etc., han disminuido sensiblemente- las necesidades de seguridad ciudadana, han aumentado de manera considerable.
¿Justifica esto la reelección de Uribe para un tercer mandato? Francamente creemos que no. El Presidente Uribe, con su programa de Seguridad Democrática, hizo como el ‘medico intensivista’ en urgencias frente a un paciente en ‘chock’ de muerte: resucitó un Estado que estaba a punto de ser catalogado como Estado fallido. Pero ahora las necesidades de seguridad son más urbanas, más modernas y más democráticas. Ahora se necesita un médico que tenga una visión y acción más sistémica, un ‘internista’.
La Seguridad Democrática ha creado las condiciones para que los colombianos nos podamos plantear la elección de un Gobierno del posconflicto, que termine de resolver o marginar el conflicto en su ‘manifestación agraria’, centrando los esfuerzos del país en una Agenda de Desarrollo, Equidad y Cohesión Social con vida cívica en y para las ciudades.
En estos días la discusión sobre la seguridad democrática, como mecanismo fundamentalmente centrado en la solución del conflicto interno, ha pasado a un segundo plano, dada la crisis de la parapolítica que se ha tornado en crisis institucional, en tanto que es crisis de legitimidad del Congreso y de choque de poder entre el Presidente y la CSJ, al mismo tiempo. Esta crisis es expresión de falta de calidad institucional del Congreso y de seguridad jurídica en la relación entre los poderes, que debiese concentrar la principal atención de los colombianos y de los analistas.
Nos mentiríamos si dijéramos que concentra el trabajo del país. Ni el Gobierno, ni la oposición y ni siquiera los constitucionalistas ponen la atención que debiesen poner de sus mejores esfuerzos, en una solución adecuada y consensuada de esta crisis. El riesgo es alto de una fractura institucional. No, estamos obsesionados por el tema de la seguridad personal y en especial, por la resolución definitiva del conflicto con la guerrilla. Ese es el tema que ‘apasiona’ y la seguridad jurídica se discute como consecuencia del conflicto y no como esencia de la seguridad estratégica. Démosle una rápida mirada al tema, pues no estamos capacitados para ofrecer ni análisis ni perspectivas ciertas.
La respuesta del Presidente a la CSJ, ante la condena por cohecho de la exparlamentaria Yidis Medina, no controvierte las consideraciones jurídicas del proceso. Al contrario, plantea un terreno que nos obliga a todos los colombianos a cambiar la discusión: ya no es un debate sobre la seguridad jurídica y de legitimidad de los procesos y decisiones del Congreso, ni sobre la posible corrupción política y el influjo de la parapolítica, sino si el país respalda al Presidente Uribe frente a la CSJ. El Presidente Uribe plantea así la disyuntiva: o se sigue el proceso de la yidispolítica y de la parapolítica o se rodea y apoya a su Gobierno. El falso dilema en que se pretende poner a los ciudadanos seria: definirse entre la CSJ y sus procesos o el Gobierno como expresión de la continuidad democrática.
El Presidente Uribe, al poner en cuestión todo el andamiaje constitucional del país, nos quiere obligar a optar: la decisión política -que habrían de tomar los colombianos con el referendo para repetir las elecciones del 2006- pretende abolir las consecuencias penales del cohecho para él o para los miembros del Gobierno y la continuidad del proceso de la parapolítica. Tal es la razón última de tensionar, a tan desafiante nivel, la estructura constitucional que debe estar basada en la separación de poderes y en el respeto a las decisiones judiciales.
Y si este referendo, como parece, no se da porque no tiene viabilidad, tampoco se pierde el esfuerzo: la campaña de recolección de firmas por el referendo de la segunda reelección está ahí, pendulando conjuntamente con la Comisión de Reforma Institucional, para hacerlos coincidir con este propósito y poner la atención electoral ya en términos de la reelección como continuidad ‘democrática’, y no en la debelación de la parapolítica, de la reparación de las victimas, del cohecho, en una palabra de la corrupción del sistema político.
La pregunta que ya se hace es ¿por qué desplaza el debate electoral de la continuidad o no de la seguridad democrática, el aspecto más fuerte de la política del Presidente Uribe, a su punto más vulnerable: la legítimamente democrática del acto constitucional de la reelección y de su Gobierno? Y la respuesta tiene que ver con la metodología y el carácter del Presidente Uribe para afrontar no sólo las crisis, sino todo tipo de negociación: llevar al límite de la tensión la crisis para imponer el terreno de su ‘solución’ o el terreno del acuerdo a que hubiese que llegar.
Este terreno, para el caso, no es más que la sustitución del campo jurídico y penal del cohecho por el campo político del debate en el Congreso y en la opinión –que le es favorable- sobre la ‘continuidad constitucional’, y por ende como se entiende en el Uribismo, la continuidad del Gobierno sin limitaciones de las Cortes. ¡Tal es el tamaño de la apuesta!
p align="justify">Ya veremos cómo la opinión opta en esta falsa disyuntiva. Pero lo que si podemos visualizar de un futuro no lejano, es que el terreno escogido es el del “todo o nada”. Y los maximalismos siempre juegan en contra, aún en los juegos de azar. La opinión puede no distinguir los riesgos, pero los partidos políticos, los líderes empresariales, los líderes de pensamiento y la comunidad internacional, no encontrarán mucho asidero político de donde prenderse para justificar tal desafío y tal disyuntiva constitucional. Lo que se puede perder aquí, es el carácter democrático de la seguridad y del propio Gobierno. Con mayor razón se impone definir una seguridad verdaderamente democrática y humana que sea patrimonio, como todas las conquistas del desarrollo del capitalismo y de la democracia, patrimonio, repito, de la sociedad en su conjunto y no de un grupo político o empresarial solamente.
Hoy la seguridad pueda asumir su nuevo rol en la formación de capital y desarrollo al hacerse más urbana y humana. Los ingentes recursos que se invierten en seguridad tienen que comenzar a rendir resultados en la formación de nuevo capital humano, capital social y a favorecer las condiciones para la formación del capital en general, que con equidad se traduzcan en cohesión social. Hoy, parecería necesario, entonces que, manteniendo la seguridad democrática, se hiciese énfasis en la seguridad humana que demanda la inmensa mayoría -85%- de la población que se ubica como población urbana.
La seguridad hoy, además de ser el instrumento para defender el estado y la infraestructura doblegando a la guerrilla, a los paramilitares, debe ser la seguridad del usuario final: el ciudadano. Debe traducirse en su desarrollo integral. No basta con proteger al Estado, para que el ciudadano reciba directamente las bondades de la seguridad. Este cambio de objeto de la seguridad es lo que permite definirla como seguridad humana.
¿Específicamente qué significa esto? Que la seguridad además de traducirse en la desaparición del miedo, en el crecimiento de la confianza, en la disminución de los índices de violencia, -beneficios que sin duda se reciben directamente por el ciudadano- debe abordar los procesos positivos, de crecimiento y distribución de la riqueza que se obtiene por la inversión en seguridad que hace la sociedad a través del Estado. Todos tributamos para la obtención de seguridad. Sus resultados no pueden ir única o preferentemente a los propietarios del capital, sino que por el contrario, han de convertirse en la mejoría cierta de los Índices de Desarrollo Humano de todos los ciudadanos, además de ser fuente de ganancias directas de algunas empresas privadas en seguridad de personas, que han crecido como contratistas del Estado.
Sólo cuando se mejora efectivamente a los ciudadanos, cuando los índices de equidad y cohesión social aumentan, la seguridad traslada su énfasis de lo militar a lo social y se hacen irreversibles sus conquistas. No queremos, al señalar este cambio de énfasis, que se entienda que pretendemos volver a la vieja teoría de las llamadas “condiciones objetivas” para superar el conflicto interno. Ni mucho menos. El conflicto interno hoy en muy poco responde a las causas sociales o políticas que le dieron origen. La guerrilla hoy se sostiene más como producto de la distribución de riqueza del narcotráfico y de dominio del territorio, que de la pobreza o la exclusión.
No es por la guerrilla que hay que hacer humana la seguridad es porque el desarrollo capitalista, sólo con equidad y cohesión social es sostenible y seguro. Es hora de que los empresarios colombianos e internacionales, que se benefician de las inversiones en seguridad hechas por todos los colombianos –y con qué nivel de compromiso- derramen en desarrollo integral de los ciudadanos, de los barrios, de las comunas, de la juventud y del campesinado desplazado y no desplazado, parte de los beneficios que han recibido –como resultado de la concentración presupuestal- para la acumulación de capital y de ganancias.
El énfasis en el carácter humano de la seguridad en esta nueva etapa está dado porque la seguridad humana se desarrolla como concepto integral de la seguridad. Queremos explicarnos con un ejemplo. Con la desarticulación de las AUC, sus antiguos integrantes no se quedaron en el campo. En un elevado número vinieron a las ciudades capitales e intermedias. Igual ha pasado con los desmovilizados de la guerrilla. Los primeros efectos se han sentido en el mayor nivel delincuencial de los barrios populares de estas ciudades. Y era de esperarse que sucediese.
El asunto es que sino se transforma el medio ambiente en que se mantienen los reinsertados, si en los barrios es dominante las economías de la ilegalidad, por física ausencia de oportunidades -no obstante que se les brinde algunas opciones de desarrollo personal- la propensión al delito, a la economía del dinero fácil, vencerá a la reinserción. Sólo con una economía legal en los barrios y comunas, donde conjuntamente los empresarios y el Estado derramen los beneficios de la seguridad, para hacer microeconomías sostenibles frente a la incertidumbre de la economía ilegal, se hará dominante entre los reinsertados el transito hacia legalidad y lo que es más importante, se hará verdadera la convivencia y el desarrollo en paz en los barrios de las ciudades. De lo contrario estaremos cambiando de enemigo pero no de conflicto.
Cuál puede ser un programa de seguridad humana y democrática? Lo primero y por descontado: Reforzar la seguridad democrática, reforzando el monopolio de las armas y de la seguridad para el Estado. Reforzando la incuestionabilidad de sistema político al elevar la inclusión plural de todas las corrientes ideológicas que respeten y fortalezcan las reglas de la libre competencia política y pacifica, condenando prácticamente toda manifestación de violencia en la política y buscando el consenso como forma de la inclusión.
Pero un sistema político democrático por si sólo no basta. La democracia que no contribuye al desarrollo humano se torna frágil. Se impone que la seguridad se derrame en desarrollo no sólo empresarial sino ciudadano. Se hace imperativa la seguridad Humana en las comunas de las ciudades. A manera de guía para la conversación sugerimos los siguientes puntos para desarrollar:
-Aumento de la Seguridad Económica: con un programa concertado entre la Banca privada y el Estado para masificar la bancarizacion en los barrios, que nos permita romper el dominio de los créditos de las mafias, el llamado ‘gota a gota’. Programa del Sena de gerencia microempresarial y de emprendimiento.
-Programa de seguridad alimentaria: Cadena de supermercados, localizados en cada comuna, de economía mixta con las federaciones de empresarios, para suplir 10 alimentos básicos de la canasta familiar. En salud: Reforzamiento y depuración del Sisben.
-Formación de una nueva Policía Cívica Municipal de localización y origen barrial; que rompa las limitaciones a la movilidad y seguridad impuestas por las bandas y acabe con las cuotas semanales que se les pagan.
-Tributación municipal de los Hogares; con pequeñas cuotas mensuales para sostener la policía cívica barrial dedicada a la convivencia ciudadana y a erradicar las bandas.
-Impulso al ‘capitalismo simbólico’: con estimulo económico a las expresiones culturales de las colonias regionales en los barrios (llaneros, chocoanos, vallenetos, etc.); impulso al teatro, a las bandas musicales y al esparcimiento.
-Impulso al deporte barrial con campeonatos barriales,
municipales y nacionales, que combine a Coldeportes con la Policía Cívica, en programas de articulación juvenil y ciudadana.
-Impulso al nuevo liderazgo juvenil en los barrios, a partir de actividades de la Policía Cívica y actividades lúdicas.
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