La pugnacidad no amaina. Y no nos referimos a la necesaria controversia y competencia entre la oposición y el Gobierno, como binomio inseparable por el desarrollo de la democracia. No, nos referimos a esta controversia a la que estamos asistiendo como exclusión del otro, para apabullarlo, no importa que sus iniciativas sean positivas al país. Ambas partes, tanto el Presidente y algunos de sus asesores, como sectores del Polo y de la oposición desde la izquierda tradicional, son responsables del demérito del binomio democrático de Gobierno-oposición.
La pugnacidad ha sido el pan de cada día durante la Presidencia de Uribe. Lo nuevo, en este segundo periodo, es que la pugnacidad y la exclusión, ha arrastrado aún a algunos poderes del Estado, que por Constitución y por razones de sentido común, tienen que colaborar y protegerse mutuamente, para asegurar la consolidación democrática institucional. Así encontramos al Presidente y a varios miembros del Gobierno descalificando las sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Y también hallamos a más de un magistrado sobreexponiendo sus principios jurídicos y el sentido de sus fallos, como si estuviese haciendo proselitismo político. Las sentencias de los organismos jurídicos deben bastarse a sí mismas.
El desajuste institucional no se queda allí. Ha resquebrajado la legitimidad de otros órganos. En el congreso, el Gobierno, sólo para mantener la hegemonía política, prefirió apoyarse y apoyar los parlamentarios y partidos que vienen de la parapolítica, es decir de la violencia para la eliminación del contradictor y de los narco negocios. A riesgo de dividir el propio Uribismo y sin medir las consecuencias de sus actos frente al prestigio internacional del país, se le cerró el paso al comienzo de una reforma político-jurídica, que con la “silla vacía”, se convertía en el primer castigo político de la violencia y la corrupción electoral.
Se dilapidó, así, la oportunidad para iniciar un gran frente Se dilapidó, así, la oportunidad para iniciar un gran frente de todos los partidos y el Gobierno, para excluir la violencia y el narcotráfico de la acción política. No importó la democracia, primó el hegemonismo.
Se dilapidó,así, la oportunidad para iniciar un gran frente.
Pero del lado de la oposición la pugnacidad también sigue al orden del día. No hay en el panorama político ninguna iniciativa, de un partido significativo, que esté buscando un acuerdo de todos los colombianos como destino nacional.
Parecería que la idea del Consenso Nacional sobre la base de un Acuerdo Fundamental que dé continuidad a la política de seguridad, a la confianza ciudadana y empresarial y a una acción estatal para elevar la equidad y la cohesión social, está quedando sepultada, de un lado, por el afán de la reelección, y del otro, por la descalificación a ultranza de Uribe. El resultado que pareciéramos esperar es el de mayores niveles de polarización.
¿Entonces, los que hemos sostenido la tesis del Consenso como camino o transito al gobierno del posconflicto, estamos arando en el desierto? ¿Se impondrá un extremo excluyente del otro en la campaña del 2010? Francamente no creemos. Ni Uribe del 2010 será el Uribe del 80% ni la oposición será hegemónicamente dominante. ¿Y por qué nos atrevemos a afirmar que ninguno de las dos será hegemónico? Veamos
El país sigue acompañando al Presidente Uribe en su tarea de consolidar la seguridad y de terminar de marginar, sino es de derrotar, a las Farc. En eso el país es en un 90% uribista. Pero de allí a querer ‘eternizarlo’ en la Presidencia hay mucho trecho.
Ni siquiera todo el Uribismo es reeleccionista de Uribe, mucho menos la opinión. Las encuestas que ya se empiezan a realizar, en distintas regiones, muestran que del 100% de la favorabilidad uribista, hoy, hay cifras mayores al 30% que no marcharían por la reelección. La coalición de partidos y líderes uribistas se ha resquebrajado por el reeleccionismo de Uribe.
Las instituciones como el Congreso y la Corte Constitucional, tienen un duro desafió jurídico para la aprobación de una nueva reelección pues, significaría una sustitución constitucional. Más cuando la Historia y la historia constitucional colombiana nos vacunó contra las hegemonías. La Corte Suprema, sin que sea su propósito, hace vivir al país, los procesos de la yidispolitica y de la parapolítica como presagios del debate de la reelección. La segunda reelección debilita en su conjunto al Estado y ese debilitamiento arrastra al propio Gobierno de Uribe.
El empresariado ya se ha dividido y sus líderes más significativos se apartan de una segunda reelección. Y la Comunidad Internacional no puede acompañar esta ‘eternizacion’ de un gobierno en América Latina sin abrirle una tronera a la democracia: la Comunidad Internacional y particularmente Estados Unidos ha defendido la alternancia como un principio esencial de la democracia. Veremos si priman los principios que se dicen defender sobre la ‘real-politick’.
Todos estos factores disminuyen sensiblemente la posibilidad de la reelección de Uribe. Pero no debilitan su programa de Seguridad, de superacion de la violencia y de generación de confianza ciudadana y empresarial. Uribe llegara al 2010 arrastrando una opinión cohesionada en defensa de estos objetivos. Puede que no sea hegemónico pero será la corriente de opinión mayoritaria.
La oposición habrá ganado en todos esos ítems que mencionamos anteriormente y que debilitan a Uribe: habrá ganado opinión, apoyo de los sectores empresariales, habrá ganado apoyo internacional para la búsqueda de la alternancia en el ejercicio gubernamental, mucho más si son los demócratas los que triunfan en Estados Unidos. Pero su gran falencia seguirá siendo el archipiélago de pequeños partidos que hasta el momento han sido incapaces de construir un programa común por la seguridad y para la superacion de la violencia en la politica, por la equidad y la cohesión social a partir del desarrollo empresarial y el emprendimiento.
Mientras que la opinión nacional, en las encuestas, reclama la seguridad como uno de los tres temas más sentidos, la oposición continua sin definir, ni siquiera dentro del Partido Liberal, mucho menos dentro del Polo, un programa para la seguridad y para la verdadera exclusión de todas las violencias en la politica.Igualmente, muchos sectores en ambos de esos partidos mantienen la vieja posición proteccionista que sigue sin entender la necesidad del desarrollo empresarial, del emprendimiento y de la competencia de mercados, como camino para la consolidación de la democracia y para que, con una adecuada intervención del Estado, se avance en la equidad y la cohesión social.
La gente introyecta esta falta de compromiso con el desarrollo empresarial como una amenaza a sus posibilidades de emprendimiento, de falta de estimulo a la micro y mediana empresa y de falta de compromiso para el crecimiento de la empresa privada y por tanto del empleo: una parte considerable de la opinión teme que la oposición debilite las oportunidades en vez de generar igualdad de oportunidades y ve en el uribismo mayor decisión en este terreno.
La oposición seguirá siendo el archipiélago de pequeños partidos que tienen más voz que votos, más capacidad de conmoción que de construccion, mas lideres que pueblo, mas ideas que programa de convocatoria ciudadana. No será muy distinta a la que conocemos ahora: seguirá siendo más opinión que poder.
El resultado de todo este posible escenario para el 2010, puede ser un empate político. Pero un empate, en estas circunstancias, sin que se haya terminado ninguno de los propósitos nacionales es más que un empate: es un empantanamiento.
La Colombia de hoy, en un medio regional como el de América Latina, no se puede permitir empantanarse. Menos, se empantanará con una opinión que ha aprendido a ejercer la democracia; mucho más desde la Constitución del 91 y en especial en este Gobierno, que politizó la vida nacional y puso los grandes temas en la agenda social. El empantanamiento al menos no es inexorable.Creemos, no por optimismo ciego sino por realismo político, que las voces empresariales y del liderazgo de pensamiento, irán ganando audiencia y reclamarán, cada vez más, un Acuerdo sobre lo Fundamental, para que podamos concluir las tareas que nos dan destino nacional. Y este reclamo del Consenso lejos está de acabar con el binomio Gobierno-oposición. Se trata únicamente, a riesgo de resultar reiterativo, que la seguridad, la exclusión de la violencia y de las mafias de la politica, la paz, y el estimulo al emprendimiento y al desarrollo empresarial como caminos de mayor equidad y cohesión social, sean propósitos y acciones del destino común de los colombianos. El resto será la sana competencia electoral.
Por todo lo anterior, creo que no sólo por razonable y conveniente se irá imponiendo el Consenso Nacional, sino porque será inevitable políticamente.
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