Las fuerzas políticas del país que compiten por el poder han relegado la discusión de la política-económica de Estado, política que ha de ser de largo aliento para que establezca el propósito de economía y de país donde el Estado debe centrar sus énfasis de desarrollo. El país cuando no está copado por la discusión del acuciante tema de la seguridad, queda absorto en la discusión de las coyunturas económicas que se van presentando en la vida diaria. No hay visión de largo plazo, se vive de las formulaciones que permiten el nivel de los consejos comunales. Y aún, en las reuniones de los gremios el Gobierno ha vuelto el tratamiento económico asunto parroquial.
La política-económica esencial para el desarrollo y el estimulo empresarial y social, y por tanto, para la definición del papel del Estado en la regulación jurídico-económica y en la formulación presupuestal y del gasto público, elemento esencial en la distribución del ingreso, ha sido eliminada de las preocupaciones nacionales. La economía librada a sus propias “organizadoras” fuerzas puede responder a la más neoliberal concepción, pero también puede responder a la ausencia de un claro propósito de desarrollo nacional. En este Gobierno se es neoliberal para las grandes corporaciones transnacionales y nacionales, “intervencionista” para el control del Banco de la República y “proteccionista” para las grandes empresas agroindustriales de plantación.
No significa, entonces, que haya un vacio de programas, sino que el sector económico más cercano al poder ha llenado la conceptualización y el quehacer político-económico de una visión pragmática y “coyunturalista”, circunscrita a su beneficio: al tiempo que impone una visión y papel del Estado en la economía, presiona por centrar la discusión en lo sucedáneo, en lo coyuntural.
Así, mientras sólo se discutía la coyuntura, los sectores corporativos internacionales y nacionales -ligados básicamente a la minería extractiva, (65.5% de la inversión extranjera) a la banca, y en segundo término, a las comunicaciones y a la agroindustria de plantación- lideraban a su antojo la economía y sus beneficios. El crecimiento en los años de expansión económica mundial, hacía aparecer un país donde no era necesario formular una política-económica. La formulación de una política de crecimiento, sostenible e incluyente, había quedado relegada.
La formulación de una política de seguridad tan necesaria al clima de confianza para la inversión, no reemplaza la formulación de un programa de desarrollo económico. Tampoco la reemplaza la ventaja diferencial que obtiene Colombia, originada en la elevación del nivel de riesgo-país de varias economías latinoamericanos, dada la inseguridad jurídica y política de algunos gobiernos, que se han ganado la calificación de populistas por los centros del capital financiero mundial. Ello configura un cuadro de creciente inversión directa internacional, IDE, difícilmente modificable en el corto plazo, favorable a Colombia, Brasil y chile.
Esta ventaja que ha de ser aprovechada, no puede ser únicamente en beneficio del inversionista internacional, tiene que serlo también en beneficio de los ciudadanos, lo que exige una política-económica estratégica, con responsabilidades tributarias que no resulten menores que la del resto de los colombianos, de tal suerte que en esos procesos de inversión, el gran capital internacional no termine subsidiado por un traslado extraordinario de valor del país hacia el gran capital.
La ausencia de discusión nacional de una real política-económica se agrava cuando la respuesta que recibía y recibe el Gobierno desde la oposición frente a los temas del desarrollo económico se ha limitado al estrecho campo de lo coyuntural. La academia también había arriado sus banderas teóricas en la fiesta del unanimismo que rodeó el crecimiento importado desde la coyuntura internacional. Ahora “en la época de la quema, cuando se empieza a ver el humo”, los analistas reclaman una visión con futuro. Ahora se preguntan cuál era y qué se hizo el motor del crecimiento. Quién se benefició del mismo: porque la gente, el objetivo de una real política-económica, no aparece referido en ninguna parte.
Sin embargo, el Gobierno persiste en centrar la discusión en la demanda al Banco de la República para que baje las tasas de interés. Pretende, con una argumentación un tanto sofística, mantener un crecimiento económico al debe y de paso, trasladarle así al Banco la “culpa” de la desaceleración económica.
No hay ninguna mirada a esa política del Gobierno que se basa en los beneficios y subsidios al gran capital, a las transnacionales y a sus socios nacionales, que invierten en Colombia bajo formas de contratos tributarios de efectiva exención de impuestos, lo que les da de antemano una ganancia extraordinaria, que disminuye la competencia y por tanto la competitividad. No hay ninguna preocupación sobre la vulnerabilidad que pueda tener un modelo basado en la exportación de bienes primarios de la minería (85% de Las exportaciones tradicionales) si hay una destorcida de su demanda y precios en el mercado mundial.
No hay ninguna mirada al traslado de la carga impositiva al consumidor y a las rentas de trabajo y a las empresas no vinculadas al capital corporativo, con lo que se afecta la demanda agregada, al deprimir la demanda productiva y la capacidad adquisitiva de la gente. Esta depresión de la capacidad solvente del consumo, en una economía expansiva al debe, como de la que venimos, termina estimulando el sobreendeudamiento para el consumo interno no productivo, al tiempo que ha hecho cada vez menos equitativo el sistema tributario.
En la época de las vacas flacas, este modelo mostrará su insuficiencia o insostenibilidad, de la misma manera que en EU la exención tributaria para los grandes capitales mostró cómo se generó un déficit fiscal y comercial que desvalorizó el conjunto de la economía norteamericana y con ella a su insignia mundial, el dólar. El consumo de vivienda con créditos ‘subprime’ sólo era posible en una economía que, concentrando el ingreso de manera casi salvaje, permitiera o estimulara al mismo tiempo una “economía de ilusiones”, en un consumo sin respaldo en los ingresos reales de los consumidores: el resultado, la perdida de los ahorros de los ciudadanos convertidos en ‘cuota inicial’ de las deudas hipotecarias impagables.
Por último y para terminar este aspecto de la coyuntura, valga decir que al Gobierno la responsabilidad del Banco en su control de la inflación le tiene sin cuidado. No son las grandes corporaciones las que pagan la inflación. Es la gente común y corriente. La academia y la oposición responden, con razón, que el Gobierno debe disminuir el que es ahora el principal incentivo inflacionario, el gasto público, sobre todo el que se hace en los ‘gastos generales’. Algunos otros señalan que el recorte debe hacerse en los temas de seguridad, buscando su eficiencia, y otros en el gasto social no necesario en lo inmediato, pero de buena eficacia electoral, como ‘Familias en Acción’.
Pero esta discusión, que es importante, no deja de ser una discusión sobre los efectos de una política-económica establecida, que pudiera estar empezando a mostrar sus límites de crecimiento. Y lo señalo condicionalmente, porque la economía es hoy, en la globalidad, un proceso altamente probabilístico y por tanto, sometido a múltiples oportunidades o vulnerabilidades.
Por eso mismo, la formulación de una política-económica, que busque superar el nivel de los bienes primarios, que busque desarrollar una economía que sí agregue efectivamente valor, tiene que esmerarse en la distinción de sus ventajas competitivas que la hagan “imprescindible” para el resto del mundo. De lo contrario estaremos sometidos al vaivén de la demanda de los bienes primarios, más si son de extracción. Y el resto de la economía y la sociedad viviendo en precarias condiciones de desarrollo: unas veces, cuando están al alza como hasta ahora, bajo los efectos inflacionarios o de la llamada enfermedad holandesa y otras, cuando están a la baja como se prevé, en precarias condiciones de crecimiento, empleo y satisfacción de necesidades esenciales.
Como vemos la política-económica de Estado es bastante decisiva no sólo para el desarrollo económico sino para el nivel de vida cotidiano de las gentes. Su formulación exige una visión de conjunto y de prioridades de la sociedad. Y cuando así se plantea, entran en juego los intereses de los distintos actores sociales, lo que hace que el asunto llegue o sea de distintas opciones: difícilmente, en una sociedad, tan polarizada e insolidaria como la nuestra (estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca) la visión e intereses de los grandes empresarios corporativos coincidirán totalmente con la visión del desarrollo que tenga la gran masa de la población.
Seguimos el modelo capitalista de individualismo competitivo a ultranza, estilo EU y no el del avance capitalista en conjunto de la sociedad, del tipo de Europa del norte. De esta competencia surgen diferentes énfasis y partidos políticos: unos que ponen mayor énfasis en el compromiso social y solidaridad, los de izquierda, y otros en la libertad del mercado para la asignación de los recursos de la economía y la sociedad, los de derecha. Esta piedra angular es la que tiende a establecer límites a los partidos y a hacer de la política una expresión verdadera de la economía condensada. Es este factor y no las formas de lucha, el que debería diferenciar a los partidos en Colombia; haría la verdadera diferencia entre la izquierda y la derecha.
La ocultación o soslayo de estos ‘límites de los partidos’ sólo representa el ejercicio del poder tratando de que los intereses del grupo en el poder se vean como los de toda la sociedad, y para ello generalmente, se recurre a ejercicios políticos caudillistas o de sobre valoración del “enemigo de la democracia”, como forma de traslaparlos (ejemplo EU, con el tema del enemigo exterior).Igualmente, se recurre a un análisis que hace aparecer el aumento de las variables agregadas, por ejemplo el crecimiento del PIB o del PIB per cápita, como el aumento del bienestar del conjunto de la sociedad. La verdad de Perogrullo es que hay diferentes modelos de crecimiento, de crecimiento del PIB, que pueden darnos muy diferentes niveles de satisfacción de las necesidades sociales.
Como vemos la política-económica de Estado es bastante decisiva no sólo para el desarrollo económico sino para el nivel de vida cotidiano de las gentes. Su formulación exige una visión de conjunto y de prioridades de la sociedad. Y cuando así se plantea, entran en juego los intereses de los distintos actores sociales, lo que hace que el asunto llegue o sea de distintas opciones: difícilmente, en una sociedad, tan polarizada e insolidaria como la nuestra (estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca) la visión e intereses de los grandes empresarios corporativos coincidirán totalmente con la visión del desarrollo que tenga la gran masa de la población.
Seguimos el modelo capitalista de individualismo competitivo a ultranza, estilo EU y no el del avance capitalista en conjunto de la sociedad, del tipo de Europa del norte. De esta competencia surgen diferentes énfasis y partidos políticos: unos que ponen mayor énfasis en el compromiso social y solidaridad, los de izquierda, y otros en la libertad del mercado para la asignación de los recursos de la economía y la sociedad, los de derecha. Esta piedra angular es la que tiende a establecer límites a los partidos y a hacer de la política una expresión verdadera de la economía condensada. Es este factor y no las formas de lucha, el que debería diferenciar a los partidos en Colombia; haría la verdadera diferencia entre la izquierda y la derecha.
La ocultación o soslayo de estos ‘límites de los partidos’ sólo representa el ejercicio del poder tratando de que los intereses del grupo en el poder se vean como los de toda la sociedad, y para ello generalmente, se recurre a ejercicios políticos caudillistas o de sobre valoración del “enemigo de la democracia”, como forma de traslaparlos (ejemplo EU, con el tema del enemigo exterior).Igualmente, se recurre a un análisis que hace aparecer el aumento de las variables agregadas, por ejemplo el crecimiento del PIB o del PIB per cápita, como el aumento del bienestar del conjunto de la sociedad. La verdad de Perogrullo es que hay diferentes modelos de crecimiento, de crecimiento del PIB, que pueden darnos muy diferentes niveles de satisfacción de las necesidades sociales.
Aquí, por ejemplo, después de cambiar la metodología de construcción de los indicadores de pobreza y miseria, se plantea que la pobreza bajó de 60 a 48%. La miseria se ubica entre el 15 y el 20%. Los estudios últimos de desarrollo humano regionales muestran mejoría de los indicadores, pero señalan al mismo tiempo un acelerado proceso de diferenciación social que terminaría polarizando extremadamente el país, con desmedro de las minorías negras, indígenas y de los desplazados.
Las reformas laborales han aumentado la informalidad del trabajo y de la economía en su conjunto, mostrando que el gran capital se ha beneficiado mucho más que el resto de la población del modelo económico que ha imperado en este Gobierno, como un nuevo factor de polarización social que hace frágil el desarrollo.
La delimitación de los énfasis político-económicos de los partidos tiene en la vida actual colombiana un punto significativamente sensible: la posición frente al TLC. Veamos. Algún sector de lo que se conoce por izquierda, considera su rechazo a ultranza a las formas de la liberalización económica una posición principista. La globalización y por tanto la apertura económica a la inversión, al mercado internacional con lo que trae para la vida y la cultura del país, la ven no como una ganancia, sino como la perdida de la identidad y del capital nacional.
Es interesante señalar que la izquierda que se inicio como internacionalista, dada su búsqueda de la revolución mundial evolucionó hacia estrechos campos del nacionalismo. Nada era más ajeno al marxismo clásico que los nacionalismos económicos que, según Marx, en realidad representan los intereses de los capitalistas “nacionales”.
Estos sectores coinciden en esta posición con un sector de la derecha, tal vez el más agrario y confesional, que descalifica el TLC por los efectos transformadores de las relaciones señoriales del campo, del latifundio extensivo. Estos sectores consideran que, “valores” tradicionales culturales y religiosos de toda la sociedad, se van a perder. La globalidad es laica, pragmática y hasta republicana, en tanto no reconoce aristocracias, y en ella es ‘don dinero’ quien se presenta como poder principal, no obstante que la globalidad es también tecnología, conocimiento, cultura y movilidad. Lo paradójico es que ambos sectores políticos argumentan su rechazo al TLC no en su “perdida”, sino en la protección del trabajador industrial y agrario y del pequeño y mediano empresario.
Sin duda, todo cambio económico viene acompañado de riesgos y de periodos de transito, perdidas y reacomodos. Y el TLC será un cambio fuerte. La cuestión allí es si el país se refugia en el proteccionismo, oponiéndose a lo inexorable, a la internacionalización o globalidad, o si para proteger los sectores que resulten vulnerados se construye una política-económica que tenga su prioridad puesta en los intereses de los sectores vulnerables y de la gente, y no en el de las corporaciones. El asunto es de política-económica priorizada por el desarrollo conjunto de la sociedad dentro de un capitalismo con solidaridad, donde los factores que se vulneren sean ayudados a transitar a nuevas economíasglobalizadas.
Como lo señala Joseph Stiglitz, “la protección social es más eficiente que el proteccionismo”. Pero esta verdad de a puño no encuentra eco en un Gobierno tan indolente, ausente de una política de protección social, como el del Presidente Uribe. Y tampoco en una izquierda “nacionalista” que se refugia en el proteccionismo, como forma de mantener las aristocracias sindicales, sus clientelas, a base de mantener la ineficacia productiva. La forma de adelantar un proceso de globalización con protección social es con un Gobierno de izquierda moderna y responsable, como el que estamos viendo en Brasil, economía que tiende a convertirse prontamente en una de las diez más fuertes del mundo, con claro beneficio para toda su población.Como lo señala Joseph Stiglitz, “la protección social es más eficiente que el proteccionismo”. Pero esta verdad de a puño no encuentra eco en un Gobierno tan indolente, ausente de una política de protección social, como el del Presidente Uribe. Y tampoco en una izquierda “nacionalista” que se refugia en el proteccionismo, como forma de mantener las aristocracias sindicales, sus clientelas, a base de mantener la ineficacia productiva. La forma de adelantar un proceso de globalización con protección social es con un Gobierno de izquierda moderna y responsable, como el que estamos viendo en Brasil, economía que tiende a convertirse prontamente en una de las diez más fuertes del mundo, con claro beneficio para toda su población.Como lo señala Joseph Stiglitz, “la protección social es más eficiente que el proteccionismo”.
Pero esta verdad de a puño no encuentra eco en un Gobierno tan indolente, ausente de una política de protección social, como el del Presidente Uribe. Y tampoco en una izquierda “nacionalista” que se refugia en el proteccionismo, como forma de mantener las aristocracias sindicales, sus clientelas, a base de mantener la ineficacia productiva. La forma de adelantar un proceso de globalización con protección social es con un Gobierno de izquierda moderna y responsable, como el que estamos viendo en Brasil, economía que tiende a convertirse prontamente en una de las diez más fuertes del mundo, con claro beneficio para toda su población.
El recorte a las libertades individuales (de empresa y emprendimiento, de movimiento, de pensamiento y organización, etc.) constituye hoy una frontera definitiva del tipo de política-económica que se quiera, pues determina el énfasis de esta política en el ciudadano o en las corporaciones. El nivel de democracia en la contratación pública: el Estado convertido en una agencia de concesiones y contratos para las grandes corporaciones, o por el contrario, en un actor decidido en el control de las corporaciones con claras normas antimonopólicas y de protección de la pequeña y mediana empresa. Y no menos importante: el nivel de presidencialismo, centralismo y militarismo que constituyen hoy una de las principales diferencias entre la izquierda y la derecha.
Creemos que formular las precisas diferencias en los aspectos de una política-económica de Estado, ayudaría a establecer porque el país requiere un cambio de gobierno y de grupo político en el poder y le daría al ciudadano elementos para explicar el por qué el Gobierno actual no se plantea como representante de toda la sociedad, es decir, por qué el Presidente muchas veces se presenta más como jefe de una fracción política que como Jefe de Estado de todos los colombianos: la derecha neoconservadora asume el Estado como una prolongación de los intereses corporativos de los grandes empresarios.
Los desafíos contemporáneos de la crisis de alimentos, al mismo tiempo que la crisis energética, en una economía altamente concentrada y desequilibrada, imponen a la agenda internacional y nacional, si podemos seguir avanzando sin una política-económica de Estado que mejore la calidad de la regulación en el desarrollo económico-social. Por ejemplo: Es urgente reconocer que tenemos una economía, lejana de los puertos marítimos y con alta dependencia de formas logísticas y de transporte de alto consumo de petróleo. Una buena política-económica nos debería llevar a una modificación planificada del sistema de transportación de las mercancías dentro del país y para su exportación: del actual sistema de carreteras a un sistema fluvial y férreo, como un gran desafío de la competitividad.
En una palabra, el Estado para el desarrollo, que se le proponga al ciudadano, ha de constituir una base esencial de la nueva diferenciación de los partidos y de sus candidatos hacia el 2010. Valdría intentar, por esquemática que resulte, una sinopsis de algunos puntos que constituyen hoy diferencia entre unos y otros Puntos como el Estado de la esperanza, esperanza en los principios que dieron origen al estado moderno, con base a la solidaridad y no únicamente con base a la eficacia. La diferencia de un Estado Fuerte en tanto, la defensa de la sociedad del “enemigo externo o interno”, según sea el caso, con un Estado Fuerte para asegurar mayor nivel de la regulación económica y de la distribución del ingreso, como forma de darle seguridad al ciudadano y ampliación a la base social y económica de la reproducción ampliada del capitalismo.
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